El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones financieras a más de una docena de personas, un restaurante mexicano y una empresa de seguridad vinculados a las actividades de tráfico de fentanilo del Cártel de Sinaloa. Las medidas fueron coordinadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
De manera simultánea, en México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda anunció el inicio de una investigación formal contra doce personas y dos entidades legales señaladas en el reporte de Washington.
Estados Unidos va por empresas ligadas al tráfico de fentanilo
A través de un comunicado oficial, la UIF informó que se encuentra realizando un análisis financiero, fiscal y corporativo detallado para identificar las redes de operaciones con recursos de procedencia ilícita en territorio mexicano.
La dependencia federal apuntó que estas acciones coordinadas fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para mitigar los riesgos en el sistema financiero y debilitar las estructuras de la delincuencia organizada, la cual ha sido designada como organización terrorista por la administración del presidente estadounidense, Donald Trump.
Las sanciones de la OFAC implican que los señalados quedan impedidos para mantener vínculos con el sistema bancario de Estados Unidos, realizar transacciones con ciudadanos estadounidenses o acceder a los activos que posean en dicho país.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la institución continuará sancionando a las redes de tráfico para proteger a las comunidades, destacando la letalidad del fentanilo, un opioide sintético en el que apenas dos miligramos pueden resultar mortales.
Cuáles son las personas y empresas afectadas por Estados Unidos
El despliegue de las autoridades estadounidenses identifica a operadores clave dentro de la estructura financiera y de distribución de narcóticos. Entre los objetivos principales de la OFAC se encuentra Jesús González Peñuelas, alias “Chuy” González, un fugitivo acusado de dirigir el tráfico de drogas hacia territorio norteamericano y de lavar fondos para la organización criminal. Por información que conduzca a su arresto, el Departamento de Estado mantiene una recompensa activa de 5 millones de dólares desde el año 2024.
La lista oficial de penalizaciones detalla de forma específica a los siguientes colaboradores y negocios afectados:
- Armando de Jesús Ojeda Avilés: Acusado de liderar una red encargada de coordinar la recolección de grandes cantidades de dinero en efectivo en Estados Unidos, obtenidas por la venta de drogas, para posteriormente convertirlas en activos digitales y transferirlas a México.
- Jesús Alonso Aispuro Félix: Identificado formalmente como un operador financiero clave en la realización de transacciones mediante el uso de criptomonedas.
- Rodrigo Alarcón Palomares: Acusado formalmente en tribunales de Estados Unidos por el delito de lavado de dinero.
- Alfredo Orozco Romero: Empresario señalado por actuar presuntamente junto a familiares y empresas en calidad de testaferros para la organización delictiva.
- “Gorditas Chiwas”: Un restaurante ubicado en el estado de Chihuahua, el cual es propiedad del empresario sancionado Alfredo Orozco Romero.
- Una empresa de seguridad: Entidad legal vinculada operativamente a las actividades de mitigación y blanqueo de capitales de la red criminal.
Tensión política por fentanilo
De acuerdo con los datos estadísticos oficiales de salud en Estados Unidos, las muertes por sobredosis de drogas registraron un incremento aproximado del 520% entre los años 1999 y 2023. No obstante, los indicadores más recientes muestran una tendencia a la baja, con una disminución cercana al 3% en el periodo correspondiente de 2022 a 2023. Las agencias de seguridad estadounidenses argumentan que el lavado de dinero derivado de la venta de este opioide se ha sofisticado mediante el uso de criptomonedas para dispersar las ganancias de manera internacional.
Este golpe a la estructura financiera del Cártel de Sinaloa se presenta en un contexto de alta presión institucional entre ambos países. Recientemente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó de manera formal la detención urgente de diez funcionarios públicos mexicanos.
Dentro de este requerimiento judicial se incluye al gobernador con licencia del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quienes las autoridades norteamericanas acusan de presuntos cargos de narcotráfico y colaboración con la facción de Los Chapitos.
