El ejercicio del derecho a la información y la rendición de cuentas en México enfrentan un panorama crítico tras la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
En entrevista exclusiva para Cacho Periodista, Adrián Alcalá, expresidente consejero del extinto organismo autónomo y actual consultor independiente, advirtió que las cifras actuales reflejan una severa regresión en la eficacia para que los ciudadanos accedan a datos públicos.
Números adversos: 80% de solicitudes quedan sin respuesta
Durante la emisión, se destacaron las cifras recopiladas por el equipo de investigación de Cacho Periodista sobre el funcionamiento del nuevo sistema de transparencia bajo control gubernamental:
- El 80% de las solicitudes de información ingresadas no proceden o simplemente no son contestadas por la autoridad.
- Del 20% restante que sí recibe respuesta, únicamente el 5% satisface la solicitud realizada por el ciudadano.
Al comparecer estas cifras con el desempeño previo del órgano autónomo, Alcalá recordó que, en el último informe de labores del INAI presentado en enero de 2025, el instituto recibió 18 mil medios de impugnación, resolviendo el 95% de los casos.
De ese total resuelto por el INAI, la mayoría correspondía a revocaciones o modificaciones que obligaban a las dependencias a entregar la información requerida, a diferencia del esquema actual donde la mayoría de las respuestas solo confirman la negativa del ente público.
Ser “juez y parte”: un modelo en opacidad
Adrián Alcalá enfatizó que el principal problema del modelo de “simplificación administrativa” es la pérdida de la autonomía de los criterios de revisión. Al transferir las facultades a secretarías como la de Anticorrupción y Buen Gobierno o a subdirecciones de área, el gobierno se convierte en regulador de sí mismo.
“Hoy el gobierno es juez y parte (…) No hay una instancia autónoma. Se autorrevisan todas las instancias y además en secreto, porque antes las audiencias eran públicas”, afirmó Alcalá.
Asimismo, alertó sobre la heterogeneidad de criterios que existe en el territorio nacional con más de 800 autoridades garantes, lo que genera asimetrías en la entrega de datos esenciales, como el número de elementos policiacos en una demarcación.
¿Ahorro o burocracia?
Frente a los argumentos gubernamentales que justificaban la desaparición del INAI por motivos de austeridad, el excomisionado presidente sostuvo que los costos de operación se mantienen prácticamente idénticos:
“A ver, el edificio, sigue costando lo mismo que nos costaba a nosotros con el incremento anual, obviamente ordinario. El personal que se quedó en transparencia para el pueblo y que se llevaron el otro personal a la Secretaría Anticorrupción para el tema de protección de datos personales es el mismo.
Las instancias como los autónomos y los otros poderes tuvieron que contratar personal, entonces prácticamente los números son iguales”.
Incertidumbre en protección de datos personales
Respecto a la protección de datos personales, Alcalá externó preocupación por las dinámicas e iniciativas de fiscalización emprendidas por las dependencias gubernamentales, las cuales han sido percibidas por usuarios como intimidatorias en lugar de enfocarse en la garantía de un derecho humano fundamental.
Frente a versiones que señalaban que el antiguo INAI no sancionaba las faltas en este rubro, desmintió dicha postura recordando multas históricas imponibles al sector privado, como la sanción por más de 36 millones de pesos aplicada a una institución bancaria en una de sus últimas resoluciones.
Alcalá concluyó que el debilitamiento de estas garantías afecta directamente la libertad ciudadana y la participación democrática, por lo que instó a los medios de comunicación y a la sociedad civil a mantener viva la exigencia por el acceso libre y efectivo a la información pública.
