Agentes del FBI allanaron este miércoles el domicilio de Hannah Natanson, reportera de The Washington Post especializada en la Administración de Donald Trump, como parte de una pesquisa sobre Aurelio Pérez Lugones, un contratista de sistemas de Maryland acusado de retener ilegalmente información clasificada de inteligencia.
El periódico describió la acción como “inusual y agresiva”, destacando que no es común que fuerzas federales registren domicilios de periodistas en casos de filtraciones a la prensa, lo que genera alarma sobre la libertad de expresión.
Natanson, quien forma parte del equipo que ganó el Premio Pulitzer en 2022 por su cobertura del asalto al Capitolio, se hallaba en su hogar de Virginia cuando los agentes ejecutaron la orden judicial. Incautaron su teléfono móvil, dos computadoras portátiles y un reloj inteligente Garmin, según detalló el medio en su nota interna a la redacción firmada por el editor ejecutivo Matt Murray.
Declaraciones
El Washington Post aclaró que ni la periodista ni el periódico son objetivos de la investigación, pero el allanamiento ha levantado críticas por su potencial impacto en fuentes confidenciales: Natanson contactó a 1,169 empleados federales para reportajes sobre el “reordenamiento” de la fuerza laboral bajo Trump, incluyendo despidos masivos y presiones diplomáticas como el caso de Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.
La fiscal general Pam Bondi, en un mensaje en X, defendió la operación: “La Administración Trump no tolerará filtraciones ilegales de información clasificada que pongan en grave riesgo la seguridad nacional”, enfatizando que se realizó a solicitud del Departamento de Defensa. Bondi recordó que Pérez Lugones, quien accedió a sistemas sin autorización y tomó notas en un bloc que llevó consigo, está “actualmente tras las rejas”.
Apuntes
Autoridades del Departamento de Justicia (DOJ) y el FBI no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios del Post, pero expertos legales cuestionan cómo se sorteó la Ley de Protección de la Privacidad de 1980, que limita incautaciones de materiales periodísticos salvo sospecha de delito por parte del reportero.
Jameel Jaffer, del Instituto de Primera Enmienda de Columbia, advirtió de un efecto chilling en el periodismo legítimo, mientras el gremio del Washington Post lo calificó de “ataque directo a la Primera Enmienda”. Reporteros Sin Fronteras incluyó a Trump entre “los peores predadores de la libertad de prensa mundial”. El exeditor Marty Baron ve en esta acción un “claro intento de limitar la prensa“.
Mientras el DOJ avanza, el Post monitorea con abogados y urge transparencia para salvaguardar su labor investigativa.
DG
