La demanda de FedEx por aranceles IEEPA marca un nuevo capítulo en la disputa legal sobre la política comercial impulsada durante la administración de Donald Trump. La empresa de mensajería presentó una acción civil ante la Corte Internacional de Comercio de Estados Unidos, con sede en Nueva York, para reclamar el “reembolso completo” de los gravámenes que pagó bajo un esquema posteriormente invalidado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
La controversia gira en torno al uso de la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), invocada por el Ejecutivo para imponer aranceles considerados “recíprocos” y otras tarifas adicionales a socios comerciales estratégicos.
La reclamación: reembolso total de impuestos pagados
En el documento judicial, FedEx solicita que los demandados —el Gobierno federal, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y su comisionado Rodney Scott— restituyan la totalidad de los impuestos cobrados bajo la IEEPA.
La compañía argumenta que importó mercancías procedentes de países afectados por la política arancelaria y que, al cumplir con las obligaciones fiscales impuestas, sufrió un perjuicio económico directo. Aunque la demanda no precisa la cifra exacta reclamada, en reportes financieros anteriores la empresa advirtió que el impacto potencial de estas tarifas podría ascender a 1.000 millones de dólares en su ejercicio fiscal 2026.
Desde una perspectiva jurídica, FedEx sostiene que los aranceles fueron aplicados sin una base constitucional válida, luego de que el Supremo determinara que la utilización de la IEEPA en este contexto implicaba una delegación excesivamente amplia del poder tributario.
El fallo del Supremo y sus implicaciones
La decisión del máximo tribunal invalidó los aranceles globales base del 10 % sobre importaciones extranjeras, así como los gravámenes denominados “recíprocos” impuestos a distintos socios comerciales. También se vieron afectados los aranceles adicionales del 25 % aplicados a México y Canadá, entre otros países.
La mayoría de los magistrados concluyó que la Constitución de Estados Unidos reserva al Congreso la facultad de establecer impuestos, categoría en la que encuadran los aranceles. En consecuencia, consideraron que el Ejecutivo no podía ampararse en una legislación de emergencia para imponer tributos de alcance general sin autorización legislativa específica.
Este criterio introduce un precedente relevante sobre los límites del poder presidencial en materia de comercio exterior y podría redefinir el alcance de futuras políticas arancelarias.
Impacto para el sector empresarial
FedEx se convierte, según medios especializados, en la primera gran corporación en presentar una demanda formal tras el fallo del Supremo. Sin embargo, no es la única firma que ha cuestionado la legalidad de las tarifas. Empresas como Costco mantienen litigios pendientes relacionados con medidas similares adoptadas antes de la sentencia.
Para el sector logístico y de transporte, la anulación de los aranceles representa un alivio potencial en términos de costos operativos. Las empresas que dependen de cadenas de suministro internacionales habían advertido sobre el encarecimiento de importaciones y la presión sobre márgenes de rentabilidad.
Analistas económicos señalan que, de prosperar la reclamación, el caso podría abrir la puerta a un efecto dominó de solicitudes de reembolso por parte de otras compañías afectadas. Esto implicaría un impacto fiscal significativo para el Gobierno federal, además de reforzar la supervisión judicial sobre el uso de poderes de emergencia en materia económica.
Un precedente con alcance constitucional
Más allá del componente financiero, la demanda de FedEx por aranceles IEEPA subraya un debate estructural sobre la separación de poderes en Estados Unidos. El fallo del Supremo no solo invalida medidas concretas, sino que delimita el margen de maniobra del Ejecutivo frente al Congreso en asuntos tributarios.
El litigio ahora se centrará en determinar la procedencia y el alcance del reembolso solicitado. La resolución podría sentar un precedente clave para futuras controversias comerciales y redefinir la arquitectura jurídica que regula la política arancelaria en el país.
ES DE INTERÉS: Aerolíneas normalizan operaciones en Guadalajara y Puerto Vallarta tras jornada violenta
