Una profunda grieta ha quedado al descubierto en el corazón de la principal agencia antidrogas del mundo. Miles de documentos clasificados analizados por la agencia Associated Press (AP) han revelado una cultura institucional de corrupción sistemática al interior de la DEA (Drug Enforcement Administration). De acuerdo con los informes, diversos funcionarios transformaron las operaciones de inteligencia y lavado de dinero en actividades ilícitas para el lucro personal.
Esta filtración ofrece una visión inédita de cómo agentes federales, fiscales e informantes se coludieron para desviar fondos, proteger a criminales y llevar una vida de lujos financiada por los propios grupos que debían combatir.
El “Equipo América” y la farsa de la guerra contra las drogas
Uno de los pilares de esta investigación es el testimonio de José Irizarry, exegente de la DEA condenado a 12 años de prisión. En 2020, Irizarry confesó ante el FBI haber colaborado estrechamente con cárteles colombianos para blanquear capitales. Durante sus años en activo, el agente robó millones de dólares en bienes confiscados y fondos destinados a informantes, dinero que utilizó para financiar una ostentosa vida internacional de fiestas y cenas de lujo.
Irizarry, en entrevistas con corresponsales como David Brooks y Jim Cason, justificó su cinismo al asegurar que tanto la agencia como sus elementos son plenamente conscientes de la ineficacia de sus políticas. Según sus palabras, los agentes integraban lo que denominaban el “Equipo América”, una red que operaba en tres continentes con total impunidad.
“No puedes ganar una guerra no ganable. La DEA sabe eso y los agentes también…. Sabemos que no estamos haciendo una diferencia. La guerra contra las drogas es un juego…. Y estábamos jugando un juego divertido”, declaró Irizarry tras admitir que tuvieron “acceso libre” para actuar fuera de la ley.
Nexos con el CJNG y el mercado de criptomonedas
La corrupción no se limitó al blanqueo de activos; en algunos casos, derivó en una cooperación logística directa con organizaciones catalogadas como “terroristas” por Washington. Un caso paradigmático es el de Paul Campo, exmando de alto nivel que se retiró en 2016 tras 25 años de carrera. Campo y su socio, Robert Sensi, fueron acusados de asociación delictuosa para lavar aproximadamente 12 millones de dólares para el Cártel Jalisco Nueva Generación.
La acusación detalla que los implicados convirtieron 750,000 dólares en criptomonedas para el grupo criminal y facilitaron el pago de un cargamento de 220 kilogramos de cocaína destinado al mercado estadounidense. Además, se ofrecieron a gestionar la compra de drones comerciales y armamento de grado militar para fortalecer la capacidad operativa del cártel.
Libertinaje y abusos: Las fiestas financiadas por el narco
Los documentos examinados también exponen una alarmante falta de ética moral y profesional. Conversaciones de WhatsApp revelaron que grupos de agentes bromeaban sobre una “gira mundial de libertinaje” costeada por los contribuyentes. En estos chats, los funcionarios intercambiaban imágenes de contenido sexual y se mofaban de agresiones sexuales.
En esta línea, se documentó que en 2015 agentes de la DEA participaron en fiestas con trabajadoras sexuales pagadas directamente por cárteles colombianos. A pesar de la gravedad de los hechos, las sanciones internas fueron mínimas: de diez agentes acusados, siete recibieron suspensiones de apenas dos a diez días.
Asimismo, casos como el de George Zoumberos, acusado inicialmente de agresión sexual en Madrid, o el de Joseph Bongiovanni, quien utilizó su placa para proteger a narcotraficantes en Nueva York (sentenciado a cinco años de cárcel), refuerzan la tesis de una descomposición estructural.
El contexto geopolítico y la sombra del narcoterrorismo
Mientras estos escándalos internos sacuden la credibilidad de la agencia, la justicia estadounidense ha continuado con acciones de alto impacto en el plano exterior. A principios de enero de 2026, el juez federal Alvin K. Hellerstein acusó de narcoterrorismo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores.
Estas acusaciones se dieron en un marco de alta tensión internacional, tras la operación del Pentágono contra Caracas el pasado 3 de enero. No obstante, las revelaciones sobre la conducta de los agentes de la DEA en el terreno plantean interrogantes éticos sobre la legitimidad de las investigaciones y el uso de la justicia federal como herramienta de presión política mientras sus propios cuadros operativos mantienen vínculos con el crimen organizado.
