El embajador de Estados Unidos en México, el coronel en retiro Ronald Johnson, calificó la reciente presentación de cargos penales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, como una acción alineada con los objetivos de seguridad de ambos países.
De acuerdo con el diplomático, el proceso abierto por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York se inscribe en la agenda compartida entre Washington y la administración mexicana para erradicar la corrupción y desarticular la actividad criminal transnacional.
A través de un comunicado oficial, el enviado del gobierno de Donald Trump subrayó que el fortalecimiento de la transparencia y la defensa del Estado de derecho son compromisos vigentes en la relación bilateral. Johnson enfatizó que estas acciones responden directamente a las demandas sociales de justicia que prevalecen en las dos naciones.
“El combate a la corrupción y a la actividad criminal transnacional es una prioridad compartida para los Estados Unidos y México. Esto es lo que nuestros ciudadanos quieren y es lo que merecen”, sostuvo el embajador.
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Transparencia y rendición de cuentas en la agenda bilateral
Sin profundizar en los pormenores técnicos del proceso judicial ni en el contenido específico de las imputaciones, la oficina de Ronald Johnson remarcó que Estados Unidos mantendrá la coordinación con las autoridades mexicanas.
El propósito, según la declaración, es el impulso a la rendición de cuentas y el fortalecimiento de las instituciones, pilares que el diplomático considera fundamentales para la prosperidad de los dos pueblos.
La postura de Washington, bajo la representación de Johnson, insiste en que la relación entre ambos países debe sostenerse sobre la base de la responsabilidad compartida y la confianza mutua. El embajador reiteró que la impunidad no tiene cabida en este esquema de colaboración, especialmente cuando los actos de corrupción sirven como plataforma para el crimen organizado.
Acusación contra Rocha Moya
El departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros diez funcionarios y exfuncionarios de alto rango del estado.
Rocha Moya es señalado por su presunta colaboración directa de la cúpula gubernamental sinaloense con el crimen organizado.
De acuerdo con el documento judicial asignado a la jueza Katherine Polk Failla, Rocha Moya y su círculo cercano habrían utilizado sus posiciones de poder para facilitar el tráfico de grandes cantidades de sustancias ilícitas hacia territorio estadounidense. Esta revelación no solo pone en jaque la administración estatal, sino que escala a niveles diplomáticos la tensión entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y combate al narcotráfico.
Los nombres en el centro del escándalo
La acusación no se limita al Ejecutivo estatal. El expediente detalla una red de funcionarios que presuntamente operaban para blindar las actividades del Cártel de Sinaloa. Entre los nombres que figuran en la lista de los once acusados destacan figuras clave de la administración de Rocha Moya, tales como:
- Enrique Inzunza Cázarez
- Enrique Díaz Vega.
- Dámaso Castro Zaavedra
- Marco Antonio Almanza Avilés.
- Gerardo Mérida Sánchez
- Juan de Dios Gámez Mendívil
La gravedad de la acusación aumenta con cargos específicos contra Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, quien es señalado no solo por tráfico de drogas, sino por su presunta participación en el secuestro y asesinato de un informante de la DEA y de un familiar de este. Este componente añade una carga de violencia extrema a la investigación, situando a los implicados en un escenario de delitos que incluyen armas de fuego y homicidios dolosos.
