El general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, quien hasta hace poco encabezó la Secretaría de Seguridad Pública en el estado de Sinaloa, ha iniciado una batalla legal para blindarse ante posibles acciones judiciales provenientes de Estados Unidos. El exmando militar promovió un juicio de amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en Morelia, Michoacán, con el fin primordial de evitar una orden de aprehensión o una eventual extradición hacia el país vecino.
Este viernes 15 de mayo se reporto que el exfuncionario se entregó y está arrestado desde el pasado 11 de mayo por el caso Rocha Moya y los demás funcionarios acusados por narcotráfico en Estados Unidos.
Esta medida preventiva surge tras la difusión de reportes que ubican a Mérida Sánchez dentro de un grupo de diez perfiles bajo la lupa de las autoridades estadounidenses. Según información rescatada por el diario El Financiero, la estrategia de su defensa consiste en frenar cualquier intento de traslado a Estados Unidos, donde su nombre aparece vinculado a indagatorias sobre supuestas conexiones con el crimen organizado.
Investigaciones y nexos bajo sospecha
El trasfondo de este recurso legal se asocia a investigaciones que sugieren presuntos vínculos con organizaciones delictivas, así como el otorgamiento de facilidades institucionales durante su gestión en cargos de seguridad.
No obstante, al día de hoy, no existe una resolución judicial definitiva ni una solicitud formal de extradición confirmada por los gobiernos de México o Estados Unidos.
Un perfil con trayectoria y declaraciones polémicas
Gerardo Mérida Sánchez, originario de Poza Rica, Veracruz, y General de División retirado con un extenso currículum académico en Derecho y Administración Militar, asumió el mando de la seguridad en Sinaloa en septiembre de 2023. Su gestión estuvo marcada por la controversia desde el inicio. En aquellos días, el general afirmó ante medios locales que “los precursores químicos utilizados para elaborar fentanilo ingresaban por el puerto de Mazatlán” para ser procesados en la sierra y enviados al norte.
Dicha aseveración fue desmentida de inmediato por el entonces gobernador, Rubén Rocha Moya, quien rechazó públicamente la versión de su propio secretario. Actualmente, el caso se mantiene en una etapa de investigación bajo el amparo promovido en Michoacán.
