El escenario político en Chihuahua ha alcanzado un punto de ebullición que trasciende las fronteras estatales, colocando a la gobernadora Maru Campos en el ojo de una tormenta jurídica de dimensiones nacionales. La reciente revelación sobre la participación de agentes estadounidenses vinculados a la CIA en operativos tácticos dentro de la Sierra Tarahumara ha generado tensiones diplomáticas, y ya ha activado los mecanismos de control legislativo en el Senado de la República. Senadores del partido Morena han advertido que las acciones de la administración estatal podrían derivar en un juicio político y sanciones penales severas.
El conflicto constitucional por la intervención de agentes extranjeros
La controversia se centra en la naturaleza de la colaboración entre el Gobierno de Chihuahua y las agencias de seguridad de Estados Unidos. Según el senador Enrique Inzunza, quien preside la Comisión de Estudios Legislativos, existe evidencia de una estrategia deliberada para permitir que personal extranjero ejerciera facultades que la Constitución Mexicana reserva exclusivamente a las autoridades nacionales. El legislador, quien posee experiencia como magistrado, sostiene que la información proporcionada por la propia gobernadora y el fiscal general del estado, César Jáuregui, sugiere una violación flagrante a la soberanía.
El marco legal que rige estas interacciones es estricto. La Ley de Seguridad Nacional establece con claridad que cualquier presencia de agentes extranjeros en suelo mexicano debe contar con la autorización expresa y previa del Gobierno Federal. Además, dichas actividades deben limitarse estrictamente al intercambio de inteligencia y no extenderse a la participación operativa en el combate a grupos del crimen organizado. Inzunza subraya que, al omitir estos protocolos, se ha vulnerado la Carta Magna, activando la posibilidad de exigir responsabilidades mediante los artículos 108, 109 y 110 constitucionales.
Lo más alarmante para la administración de Campos es la posible configuración del delito de traición a la patria. Según el artículo 123 del Código Penal Federal, este ilícito se persigue de oficio y contempla penas que oscilan entre los 5 y 40 años de prisión. El argumento de los legisladores se basa en que permitir que una potencia extranjera intervenga en funciones de seguridad pública sin el consentimiento de la federación compromete la integridad del Estado mexicano. Bajo esta premisa, se ha instado a la Fiscalía General de la República (FGR) a iniciar una carpeta de investigación de manera inmediata.
El senador Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, ha calificado de “irrefutable” y “gravísimo” el hecho de que los agentes extranjeros portaran uniformes de la policía estatal de Chihuahua. Para el legislador, este detalle es una prueba clara de un intento de simulación para encubrir la intervención directa de Estados Unidos en acciones contra el narcotráfico. Cantón Zetina describió a la gobernadora como alguien “entrampada” en sus propias omisiones legales, señalando que la falta de transparencia ha dejado poco margen para la defensa institucional.
La respuesta de Claudia Sheinbaum y el futuro de la relación bilateral
Mientras el Senado prepara una comparecencia para la gobernadora y el fiscal Jáuregui, la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura firme, aunque institucional. En sus recientes conferencias matutinas, la mandataria federal ha dejado claro que la responsabilidad de aclarar lo sucedido recae enteramente en el gobierno de Maru Campos. Sheinbaum enfatizó que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ya ha delineado los principios legales que Chihuahua ignoró al colaborar con un gobierno extranjero de manera unilateral.
A pesar de la tensión, Maru Campos ha intentado suavizar el conflicto mediante comunicados donde agradece la “apertura” de la presidenta para trabajar de forma conjunta. No obstante, los senadores de Morena, incluyendo a Juan Carlos Loera de la Rosa, insisten en que la cortesía institucional no detendrá el análisis de la procedencia del juicio político.
El caso es grave y apenas comienza. Mientras el Gobierno de Chihuahua busca presentar la situación como una cooperación técnica rutinaria, la federación lo interpreta como una cesión de soberanía que pone en riesgo la arquitectura legal del país. Los próximos días serán cruciales para determinar si la carrera política de Maru Campos puede sobrevivir a las acusaciones de haber permitido una intervención extranjera sin precedentes en la historia moderna del país.
