El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso una multa por 39 millones 924 mil 142 pesos al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por afiliar ciudadanos de Puebla, Tlaxcala, Chiapas, Durango y Estado de México sin su consentimiento.
En total, el Instituto resolvió 20 procedimientos relacionados con afiliaciones indebidas. Los casos involucran a 246 personas, cuyos registros partidistas fueron objeto de revisión por parte de la autoridad electoral.
INE impone multas a Morena por irregularidades
En sesión del Consejo General, determinaron que el partido guinda vulneró los derechos políticos de las personas a nivel nacional, además de que, presuntamente, utilizó datos personales de los afectados sin su autorización.
De acuerdo con los informes, tan solo en Puebla hubo 25 personas que presentaron una denuncia contra el partido, la cual quedó ratificada en el expediente UT/SCG/Q/EOOA/JD09/PUE/72/2026.
Otro de los casos correspondió a un ciudadano de Coahuila, quien detectó que estaba registrado como militante del partido guinda desde el 22 de mayo de 2025. Luego de esto, el INE solicitó a Morena que presentara los documentos con los que acreditara que el sujeto pertenecía a su partido, al no poder hacerlo, se determinó una multa de 145 mil 271 pesos.
El partido Morena acumula 70.4 millones de pesos en multas debido a la afiliación indebida de ciudadanos sin su consentimiento, recordemos que el partido ya sumaba 31 millones de pesos impuestos en periodos anteriores entre finales de 2025 y septiembre de 2026.
Morena rechaza que exista un “modus operandi” en afiliaciones
El representante de Morena ante el INE, Guillermo Santiago, rechazó firmemente las acusaciones de fraude y defendió el padrón del partido y dijo que, si Morena enfrenta la multa más alta es debido a que posee “el padrón más grande de militantes de este país y el padrón más grande de América Latina“.
Y del mismo modo, comentó que no existe un modus operandi o una práctica sistemática para inflar de manera fraudulenta sus listas.
Denunció que la oposición y otros representantes políticos pretenden utilizar la suma acumulada de las sanciones económicas para “construir una narrativa generalizada” orientada a desprestigiarlos.
