El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló una sanción económica de 39 millones 924 mil 142 pesos contra el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por la acreditación de irregularidades relacionadas con el registro de ciudadanos en su padrón de militantes sin contar con su autorización explícita.
Durante la sesión ordinaria, la autoridad electoral desahogó 36 procedimientos ordinarios sancionadores, de los cuales 20 correspondieron a quejas presentadas por personas procedentes de entidades como el Estado de México, Chiapas, Tlaxcala, Durango, Puebla y Jalisco debido a la incorporación de 246 personas en sus listados de militancia sin contar con la debida solicitud de los involucrados.
Responsabilidades y valoración de las pruebas presentadas
Frente a los señaIamientos, la defensa del partido oficialista presentó respaldos digitales y fotocopias para certificar la validez de los expedientes. No obstante, los integrantes de la junta arbitral concluyeron que tales reproducciones resultan insuficientes para verificar el deseo explícito de la ciudadanía.
El principio normativo aplicado indica que únicamente el documento físico original garantiza el consentimiento explícito de afiliación. Del mismo modo, la norma electoral precisa que la responsabilidad demostrativa recae por entero sobre la organización política y no sobre las personas afectadas. Con esta resolución, los cobros acumulados al partido por faltas similares en épocas recientes alcanzaron una cifra cercana a los 70 millones de pesos.
Opiniones de las partes afectadas
En la discusión plenaria, la consejera presidenta Guadalupe Taddei puntualizó que agregar nombres sin aprobación quebranta la garantía constitucional de libre adscripción política. Añadió que las deficiencias en el manejo de expedientes representan una problemática detectada periódicamente en el ámbito partidista.
En contraparte, la representación morenista indicó que estas anomalías reflejen la situación general de sus registros formales. Argumentaron que las denuncias deben atenderse caso por caso sin poner en tela de juicio el volumen total de su base de simpatizantes en el país.
La resolución se enmarca en un esfuerzo continuo del INE por depurar las listas partidistas a nivel nacional y dar certidumbre a los procesos democráticos. Al exigir estándares rigurosos de verificación documental, la autoridad fiscalizadora busca prevenir malas prácticas administrativas, salvaguardar la privacidad de las bases de datos de los contribuyentes y asegurar que el tamaño real de las organizaciones represente genuinamente la voluntad popular sin simulaciones en sus padrones, en el marco del proceso electoral del domingo 6 de junio de 2027, en 17 estados del país.
