México se posiciona como el país con mayor acumulación de acciones urgentes por desaparición forzada a nivel global, según la más reciente actualización del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED).
El organismo advirtió un repunte significativo y fallas estructurales en los mecanismos de búsqueda, mientras que el Gobierno de México califica el documento como “parcial y sesgada”.
De acuerdo con el informe divulgado por la organización I(dh)eas, el país suma 819 acciones urgentes entre 2012 y febrero de 2026. Esta cifra representa el 38 por ciento del total mundial, por encima de naciones como Iraq, que registra 669 casos.
Solo entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, se sumaron 40 nuevas solicitudes, lo que equivale a más de un tercio de las peticiones globales en dicho periodo.
México acusa “falta de rigor jurídico”
Las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (Segob) emitieron un comunicado conjunto donde rechazan el texto por una presunta “falta de rigor jurídico”.
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el informe es tendencioso y omite los esfuerzos institucionales actuales.
“Omite considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo, y lamentamos que haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución”, señalaron las dependencias.
El Ejecutivo argumentó que el documento se centra principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017.
Asimismo, las autoridades mexicanas acusaron un posible “conflicto de interés” en los redactores del comité de la ONU, bajo el argumento de que al menos uno de sus integrantes trabajó para organizaciones que han presentado quejas contra el Estado.
“El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”, insistió el comunicado oficial.
Fallas en la búsqueda y focos rojos regionales
El Comité de la ONU documentó deficiencias continuas en la implementación de búsquedas. Entre los hallazgos destacan la ausencia de planes integrales, demoras en el análisis de telefonía y videovigilancia, así como una protección inadecuada para las familias buscadoras.
Además, el reporte incluso menciona represalias, como la desaparición de un padre en Guanajuato que denunciaba la implicación de agentes de seguridad en la sustracción de su hijo.
Geográficamente, el 30 por ciento de las nuevas acciones urgentes se concentró en Chiapas, derivado de desapariciones colectivas de personas migrantes a finales de 2024.
Jalisco y Sinaloa también destacan por casos donde se presume la participación de agentes estatales o colusión con grupos criminales en zonas de disputa territorial.
Riesgo de investigación internacional
La organización I(dh)eas advirtió que la persistencia de estas cifras podría derivar en la aplicación del artículo 34 de la Convención.
Esta medida facultaría al Comité para iniciar una investigación internacional ante indicios de desapariciones sistemáticas y remitir el expediente a la Asamblea General de la ONU.
Por su parte, el Gobierno Federal recalcó que el propio informe reconoce la inexistencia de indicios de una política federal para ataques generalizados contra civiles.
Aunque México se declaró abierto a la cooperación técnica internacional, reiteró que no aceptará premisas que, a su juicio, no reflejen la realidad actual del país.
