El esquema de contrabando de hidrocarburos a través de la frontera norte de México registró un incremento significativo a raíz de la transferencia del control aduanero a las Fuerzas Armadas. Registros sobre empresas señaladas de ingresar combustible de manera ilegal desde Estados Unidos revelan que el volumen de mercancía no declarada o mal clasificada se multiplicó con fuerza durante el periodo de gestión militar en el recinto fronterizo de Matamoros, Tamaulipas.
Lejos de erradicar la corrupción o blindar el paso fronterizo, el despliegue de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) coincidió con el florecimiento de una vasta red ilícita. Bajo esta modalidad de fraude, grandes embarques de carburante eran introducidos mediante documentos apócrifos o bajo fracciones arancelarias falsas para evadir el pago de impuestos y eludir los controles normativos vigentes en el país, así lo reveló una investigación realizada por El País.
Participación de mandos del Ejército
Las indagaciones llevadas a cabo por la Fiscalía General de la República (FGR) han puesto bajo la lupa la actuación de altos mandos castrenses que estuvieron al frente de la administración en el cruce internacional. Los expedientes judiciales señalan que la red operó mediante el cruce masivo de tanques de ferrocarril con cargamentos no declarados, contando presuntamente con la complicidad directa de las autoridades responsables de la supervisión y la operación diaria en la aduana.
Las órdenes de aprehensión libradas por jueces federales abarcan tanto a exadministradores aduanales con rango de teniente coronel como a mandos operativos de la Policía Militar. De acuerdo con las indagatorias, la omisión deliberada y la falsificación de trámites facilitaron el traslado y la distribución posterior del hidrocarburo hacia diversos estados del interior de la República Mexicana, lo que representó pérdidas millonarias para la hacienda pública.
Adaptación de redes ilícitas
Este escenario resalta la capacidad de adaptación que poseen las organizaciones dedicadas al tráfico de combustibles frente a los cambios de estrategia gubernamentales. Organismos de inteligencia y autoridades de ambos lados de la frontera advierten que los grupos dedicados al huachicol fiscal han logrado permear las estructuras de control formal, coordinando redes complejas que integran a agentes aduanales, empresas importadoras fachada y servidores públicos.
El incremento del tráfico ilegal tras la entrega del control aduanero al estamento militar pone en evidencia las limitaciones de la estrategia de seguridad basada en la militarización civil. Las investigaciones en curso continúan abiertas para determinar el alcance total del daño fiscal generado y desmantelar los vínculos financieros que sustentan esta modalidad delictiva en la franja fronteriza.
Alcances financieros por el contrabando
Las investigaciones judiciales revelan que, en un lapso de solo 52 días, ingresaron de manera ilegal más de 144 millones de litros de combustible de contrabando a través del cruce internacional de Matamoros por medio de más de mil ferrotanques que burlaron los controles arancelarios al ser falsamente registrados ante las autoridades como sustancias químicas exentas de impuestos, tales como cloruro de calcio. Este esquema de evasión generó un grave boquete a las finanzas públicas al eludir el pago de los gravámenes correspondientes.
En este esquema, la red ilícita involucró directamente a 13 funcionarios aduaneros sobre quienes pesan órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y contrabando calificado. A nivel nacional, las pérdidas fiscales superan los 177 mil millones de pesos anuales, siendo este punto fronterizo en Tamaulipas el origen de aproximadamente el 66.9 % de los decomisos registrados en las aduanas del país.
