El pasado lunes, el presidente de Chile, José Antonio Kast, impulsó una reforma constitucional que le permitiría decretar un “estado de excepción” para enfrentar al crimen organizado y el terrorismo. Se trata de una propuesta que ha generado críticas por la concentración de facultades en el Poder Ejecutivo.
De acuerdo con EFE, la iniciativa forma parte de la llamada “Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo” anunciada por Kast, con la que el gobierno actual de chile planea ampliar la herramientas del Estado para combatir a organizaciones criminales. El proyecto ingresó al Senado el 17 de agosto pasado y contempla ocho modificaciones a la constitución chilena.
De aprobarse la reforma, Kast podría declarar un estado de excepción ante una “amenaza grave e inminente para la seguridad pública”. La medida podría aplicarse en determinadas zonas del país y permitiría restringir derechos como la libertad de circulación, reunión y asociación, además de intervenir comunicaciones.
Una de las principales controversias es que, según el proyecto presentado por el Gobierno, el Presidente podría decretar inicialmente este estado de excepción sin autorización previa del Congreso y mantenerlo durante un periodo de hasta ocho meses.
¿Qué propone Kast con su reforma de seguridad?
El Gobierno de Chile sostiene que las facultades extraordinarias serían necesarias para intervenir territorios donde el crimen organizado o grupos considerados terroristas en dicho país tengan una presencia difícil de combatir mediante las herramientas ordinarias del Estado.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, ha defendido la iniciativa bajo el argumento de que se necesitan mecanismos adicionales y temporales para enfrentar a estas organizaciones. Sin embargo, especialistas y sectores políticos han advertido que algunas de las atribuciones previstas podrían representar una concentración excesiva de poder en la Presidencia.
El abogado constitucionalista Javier Couso dijo a EFE que la reforma “no sería necesaria para alcanzar los objetivos de seguridad planteados por el Gobierno”, mientras que el académico Diego Pardo señaló que el proyecto “tensiona el principio democrático al concentrar facultades en el Ejecutivo sin suficientes contrapesos”.
Entre los puntos que han provocado mayor preocupación está la posibilidad de interceptar comunicaciones sin una orden judicial, una atribución que los críticos consideran especialmente delicada debido a los antecedentes históricos de Chile.
Por otro lado, de acuerdo con DW, la reforma también contempla restricciones de derechos para las personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado o terrorismo, quienes quedarán vetados a perpetuidad para ejercer cargos públicos y no podrán acceder durante 15 años a penas sustitutivas de privación de libertad ni beneficios penitenciarios.
¿Quién decidirá quién es terrorista? El presidente de la Chile será quien declare que alguna agrupación es una organización terrorista o del crimen organizado, pero tendrá que ser respaldada por un informe del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional, demás, la declaración deberá ser votada en el Senado en sesión secreta y con la aprobación de dos tercios del quorum.
¿Qué es un estado de excepción?
De acuerdo con la organización Acceso a la Justicia, un estado de excepción es un régimen constitucional que permite al Estado adoptar medidas extraordinarias y restringir temporalmente determinados derechos cuando existe una situación que afecta gravemente el funcionamiento normal de las instituciones o la seguridad del país.
La Constitución chilena contempla actualmente cuatro tipos: estado de asamblea, estado de sitio, estado de catástrofe y estado de emergencia. Cada uno responde a circunstancias diferentes y establece distintas facultades para el Poder Ejecutivo.
Por ejemplo, el estado de emergencia puede declararse ante una grave alteración del orden público o un grave daño para la seguridad de la Nación. Actualmente, el Presidente puede decretarlo y establecer las zonas afectadas, pero las sucesivas prórrogas requieren el acuerdo del Congreso. Durante este tipo de regímenes pueden restringirse las libertades de locomoción y reunión.
La propuesta de Kast busca crear una nueva modalidad de estado de excepción específicamente enfocada en la seguridad pública, con facultades más amplias que las contempladas actualmente para situaciones de emergencia.
Kast rechaza que su reforma sea “iliberal”
Ante las críticas, Kast negó este lunes que su propuesta tenga un carácter “iliberal” y afirmó que el proyecto puede modificarse durante su discusión legislativa.
“Si fuera iliberal no estaría aquí. Los iliberales en general no van a los medios. Hay otros presidentes que no eran iliberales, pero no daban entrevistas en largo tiempo y yo creo que he sido bastante distinto a otros presidentes que se dicen muy liberales, pero que se molestaban con la prensa”, recalcó Kast.
Kast aseguró que su gobierno mantiene una postura diferente a la de otros mandatarios que, según él, se han mostrado menos abiertos a las entrevistas periodísticas y por eso su reforma no podía ser “iliberal”. Hasta el momento, la nueva reforma que puede sufrir modificaciones sigue a la espera de ser aceptada o rechazada por el Congreso chileno.
*Con Información de EFE
