Una jueza federal de Estados Unidos asestó un nuevo varapalo a la política migratoria del presidente Donald Trump al anular la suspensión de los trámites de visa para la residencia permanente que pesaba sobre 75 países.
La medida, que había sido implementada el pasado mes de enero, fue calificada por el tribunal como un exceso de autoridad legal.
La magistrada Jeannette Vargas, del tribunal del distrito de Nueva York, determinó en su fallo emitido este viernes que la política ordenada por el Departamento de Estado era “contraria a la ley”.
Asimismo, subrayó que la instrucción excedía las facultades legales del secretario de Estado, Marco Rubio, al forzar la denegación de visados basándose únicamente en la nacionalidad de los solicitantes.
¿En qué países había la restricción?
La orden, que estuvo vigente desde el 21 de enero, congelaba la tramitación de visas de inmigrante, necesarias para obtener la residencia legal permanente, a ciudadanos de una lista de 75 naciones.
Entre los países afectados por esta disposición se encontraban Brasil, Somalia, Rusia, Afganistán, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia y Yemen.
Para justificar la congelación, el Departamento de Estado argumentó formalmente que los inmigrantes procedentes de dichas naciones representaban “un alto riesgo de depender de la asistencia social o de convertirse en una carga para las finanzas públicas”.
Sin embargo, la jueza Vargas concluyó que se instruyó de forma indebido a los funcionarios consulares para rechazar solicitudes únicamente por el país de origen, pasando por alto si los candidatos cumplían con todos los requisitos legales.
¿Cuál es la situación actual con los migrantes en EU?
Desde su retorno a la Casa Blanca, Donald Trump ha mantenido la contención de la inmigración como uno de los pilares de su mandato, impulsando deportaciones masivas y endureciendo los canales de entrada legal.
No obstante, varios de sus decretos más severos han encontrado freno en el Poder Judicial.
A principios de junio, un juez federal dejó sin efecto el cobro de una tasa de 100 mil dólares para las visas de trabajo altamente calificadas. Posteriormente, a finales de ese mismo mes, la Corte Suprema anuló la orden ejecutiva que buscaba eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados, asestando un precedente clave sobre las garantías constitucionales en el país.
