El Poder Ejecutivo federal analiza una propuesta legislativa para aplazar la segunda etapa de la elección judicial hasta el año 2028.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este miércoles que la Secretaría de Gobernación mantiene mesas de trabajo con el Instituto Nacional Electoral (INE) para evaluar la viabilidad financiera y logística del proceso judicial en 2028, originalmente previsto para 2027.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la revisión de las fechas responde a un tema presupuestario.
No obstante, aclaró que cualquier modificación al calendario actual de la elección judicial requiere de una nueva intervención en el marco legal del país.
“La estamos analizando, tiene que ver con recursos y la secretaria de Gobernación ha tenido algunas reuniones con el Instituto Nacional Electoral. Entonces, lo estamos analizando. Tendría que haber una reforma constitucional para ello”, precisó la titular del Ejecutivo.
¿Por qué la iniciativa de Morena busca cambios en el calendario y requisitos en elección judicial?
La propuesta para modificar la Constitución fue presentada por un grupo de legisladores de Morena, entre quienes destacan Olga Sánchez Cordero, Alfonso Ramírez Cuéllar y Javier Corral Jurado. El proyecto plantea que la jornada para elegir a personas juzgadoras se realice el primer domingo de junio de 2028.
El objetivo es desvincular este proceso del calendario electoral federal ordinario de 2027.
Además del ajuste en los plazos, la iniciativa busca reformar los artículos 95 y 97 constitucionales para establecer nuevos filtros de profesionalización.
Los legisladores proponen eliminar la exigencia de promedios académicos específicos, pero introducen como requisito indispensable una certificación de competencias emitida por la Escuela Nacional de Formación Judicial para quienes aspiren a ministros, magistraturas y juzgados.
Nuevas restricciones y cuotas de experiencia judicial
El proyecto de reforma también impone candados estrictos para evitar la politización de los cargos. El texto establece que no podrán ser magistrados o jueces quienes hayan fungido como secretarios de Estado, fiscales generales, legisladores o presidentes municipales. Asimismo, se prohíbe la participación de personas con militancia activa o cargos de dirección partidista durante el año previo a la publicación de la convocatoria.
Respecto a la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la propuesta define que cinco de los nueve ministros deberán acreditar al menos cinco años de trayectoria dentro del Poder Judicial, como parte de sus diez años mínimos de práctica profesional.
Para los cuatro integrantes restantes de la Corte, la iniciativa no considera necesaria la experiencia previa dentro de la estructura judicial.
