La tensión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ha alcanzado un nuevo punto crítico tras el inicio de una ofensiva oficial contra los conductores de aplicaciones de transporte. Elementos de la Guardia Nacional, en coordinación con las autoridades aeroportuarias, han comenzado a aplicar sanciones severas a los operadores de plataformas como Uber y Didi que intenten recoger pasajeros dentro de las instalaciones federales.
Esta medida surge tras una serie de acuerdos establecidos entre la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y las organizaciones de taxistas concesionados. Los transportistas tradicionales han denunciado durante meses una competencia desleal, argumentando que las aplicaciones móviles no pagan los derechos de acceso ni cumplen con las estrictas normativas exigidas para operar en zonas federales.
Multas elevadas y retención de vehículos en el AICM
El operativo, que ya se encuentra desplegado en ambas terminales del aeropuerto capitalino, contempla multas que pueden superar los 8,000 pesos mexicanos (aproximadamente 458 dólares). Sin embargo, reportes de conductores y autoridades sugieren que, dependiendo de la gravedad de la infracción y la reincidencia, las sanciones administrativas podrían escalar significativamente. Además del golpe económico, los vehículos detectados prestando el servicio son remitidos de inmediato a corralones oficiales, lo que complica aún más la situación logística para los socios conductores.
Responsables del operativo han señalado que se otorgó un periodo de cortesía previo para informar sobre las restricciones, pero que ese tiempo ha concluido. De acuerdo con los oficiales a cargo, el objetivo actual es hacer cumplir la ley de manera imparcial. Han subrayado que no se trata de detenciones arbitrarias de personas, sino de infracciones administrativas enfocadas en los vehículos que no cuentan con la autorización federal correspondiente para operar en dicho polígono.
El conflicto legal y la respuesta de las plataformas
A pesar de la ofensiva, la situación jurídica permanece en una zona gris. Uber ha defendido su derecho a operar basándose en suspensiones judiciales definitivas obtenidas anteriormente. No obstante, la administración del AICM, ahora bajo control del Grupo Aeroportuario Marina, ha sido tajante al afirmar que no reconocerán estas aplicaciones hasta que exista un marco regulatorio federal que las equipare con los taxis autorizados.
La postura de las autoridades es clara: para garantizar la seguridad y el orden, se recomienda a los viajeros utilizar exclusivamente el transporte oficial del aeropuerto. Mientras tanto, los representantes de los taxistas celebran la medida, argumentando que ellos son los verdaderos “embajadores” del turismo y que su profesionalización garantiza un servicio superior al de las aplicaciones digitales. Por su parte, los usuarios han manifestado su descontento en redes sociales, lamentando la reducción de opciones y el incremento en los tiempos de espera y costos de traslado.
