El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos emitió un fallo este jueves en contra del gravamen global del 10% que la administración de Donald Trump implementó en febrero pasado. La instancia judicial determinó que la aplicación de estos aranceles carece de justificación bajo la ley de la década de 1970 que el Ejecutivo invocó para su puesta en marcha.
La resolución, con una votación de dos a uno, favorece a las empresas que demandaron al gobierno federal tras la imposición de esta tarifa temporal.
El gobierno justificó originalmente el impuesto como una medida para enfrentar los déficits en la balanza de pagos; sin embargo, los magistrados ordenaron el cese de la medida y dispusieron reembolsos para los importadores afectados en un plazo de cinco días.
Precedente jurídico y alcance de la sentencia
Aunque la sentencia se limita por ahora a las partes demandantes, el fallo establece un precedente que abre la puerta a que otras corporaciones impugnen los recargos. La administración de Donald Trump impuso esta tasa después de que la Corte Suprema anulara previamente una parte sustancial de su política arancelaria.
Pese a esta decisión, los aranceles específicos sobre sectores como el acero, el aluminio y la industria automotriz no sufren modificaciones, ya que no fueron objeto de este proceso judicial.
El tribunal instruyó a los demandados para que la implementación del fallo ocurra de manera inmediata. Por su parte, la Casa Blanca mantiene la posibilidad de apelar la sentencia mientras el gravamen general permanece con fecha de vencimiento a finales de julio, a menos que el Congreso de Estados Unidos decida una prórroga.
Investigaciones comerciales y nuevas restricciones
Ante este revés en los tribunales, el Gobierno de Estados Unidos explora mecanismos alternos para sostener su agenda comercial.
Actualmente, las autoridades mantienen investigaciones abiertas sobre decenas de socios internacionales por presuntas irregularidades relacionadas con el exceso de capacidad productiva y el trabajo forzado. Estas pesquisas podrían derivar en la imposición de nuevos aranceles sectoriales en el corto plazo.
Por el momento, el fallo del Tribunal de Comercio Internacional representa una victoria para el sector importador, que recuperará los pagos realizados bajo este esquema tributario ahora invalidado.
