El Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció los avances de México en la localización de personas desaparecidas, luego de que el gobierno federal reportara que más de 16 mil personas fueron encontradas durante 2026.
Sin embargo, el organismo insistió en la necesidad de mantener la cooperación internacional para enfrentar la gravedad de la crisis y atender los problemas estructurales que persisten en el país.
Durante la presentación de su informe anual ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, dedicada a asuntos sociales, humanitarios y de derechos humanos, el presidente del Comité, Juan Pablo Albán Alencastro, felicitó a México por los resultados reportados por las autoridades.
Albán pidió que la cooperación establecida por México con otros países y organismos internacionales se mantenga a lo largo del tiempo y se extienda al propio Comité. Hasta la fecha, en México se registran más de 130 mil personas desaparecidas.
ONU insiste en la cooperación internacional
El presidente del CDF reiteró que el organismo tiene la responsabilidad de continuar dando seguimiento a la situación, solicitar información a las autoridades y mantener el diálogo para contribuir a la búsqueda de personas desaparecidas.
También explicó que la decisión de llevar la situación de México ante la Asamblea General de la ONU, mediante el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, es un mecanismo preventivo excepcional que busca movilizar la atención y la cooperación internacionales.
La finalidad, detalló, es que los Estados miembros consideren posibles vías de apoyo para fortalecer las labores de búsqueda, investigación, esclarecimiento de la verdad, atención a la crisis forense y protección de las víctimas y sus familias.
México no será sancionado, aclara ONU
El Comité sostuvo que, tras analizar la información proporcionada por el gobierno mexicano, las contribuciones de víctimas y organizaciones civiles, así como los antecedentes reunidos desde 2012, encontró indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se han cometido como crímenes de lesa humanidad y de que la práctica persiste en el país.
No obstante, Albán aclaró que la decisión no constituye una declaración de responsabilidad internacional contra el Estado mexicano. Asimismo, el organismo señaló que no encontró indicios fundados de una política federal deliberada para cometer desapariciones forzadas mediante acciones u omisiones de las autoridades.
México rechaza que la crisis llegue al pleno de la Asamblea General
Durante la misma sesión, el gobierno mexicano reiteró su desacuerdo con la interpretación del Comité sobre el alcance y la aplicación del artículo 34 de la Convención.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, sostuvo que México mantiene una política de apertura, diálogo y cooperación internacional, pero rechazó que el procedimiento impulsado por el CDF sea la vía adecuada para abordar la situación.
Medina destacó la colaboración con organismos internacionales y países como Alemania, España, Noruega, Canadá y Guatemala para fortalecer las capacidades de identificación humana, búsqueda e investigación.
Entre las acciones presentadas por el gobierno se encuentra la conformación de un grupo de especialistas nacionales e internacionales, con asistencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para realizar una revisión científica del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Familias de desaparecidos son desalojados de la Asamblea
A través de su cuenta de X, Albán expresó que las familias de las víctimas de desaparición que protestaron para garantizar avances en la Asamblea de la ONU.
Fue profundamente lamentable que un grupo de víctimas fuera retirado de la sala por mostrar fotografías de sus seres queridos desaparecidos. Su presencia merecía respeto y escucha, y debería recordarnos a quiénes debemos servir con nuestro trabajo”, dijo Albán.
Además, pidió que la cuestión remitida a la Asamblea en virtud del artículo 34 de la Convención no se diluya entre cálculos políticos y consideraciones diplomáticas.
Las víctimas y sus familias merecen, cuando menos, que se abra una conversación seria, de buena fe y orientada a resultados concretos, que tenga presente su sufrimiento y sus legítimas demandas de verdad, justicia y reparación”, finalizó.
