Un nuevo despliegue de las fuerzas de seguridad en los accesos carreteros de la Ciudad de México provocó la ruptura del diálogo entre el gobierno federal y las familias de las víctimas de la desaparición forzada de Ayotzinapa. El comité de madres y padres de los 43 normalistas denunció que corporaciones policiales interceptaron y retuvieron un convoy de 17 autobuses con estudiantes en la Caseta de Tlalpan, una acción institucional que derivó en la cancelación definitiva de la sesión de trabajo programada para este viernes con altos funcionarios de la administración pública.
La mesa de negociaciones preveía la asistencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, y el fiscal especial asignado al caso Ayotzinapa.
En este espacio, la representación legal y los familiares tenían como objetivo presentar un pliego de demandas técnicas para reactivar la búsqueda de los jóvenes a casi 12 años de los hechos. Isidoro Vicario, representante jurídico de los damnificados, detalló los alcances del encuentro fallido y acusó bloqueos sistemáticos desde inicios de la semana.
“Con estas autoridades de primer nivel se iban a plantear diversas exigencias encaminadas al esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes, encaminadas a obtener el paradero de los 43”, sostuvo.
Mitin en el Antimonumento y señalamientos de uso faccioso de la fuerza pública
Ante el impedimento de libre tránsito que afectó el arribo de las delegaciones estudiantiles de Guerrero, los familiares trasladaron su protesta a las inmediaciones del Antimonumento de los 43, ubicado en el cruce de Paseo de la Reforma y avenida Juárez.
Durante el acto político, los portavoces de la organización civil reprocharon los métodos de contención implementados por los organismos de derechos humanos y de seguridad capitalina en los filtros de ingreso a la metrópoli.
María Concepción Rodríguez, madre del normalista desaparecido Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, cuestionó la naturaleza de los operativos de inspección y ratificó la permanencia de la movilización civil.
“¿Cómo es posible que a los 17 autobuses no los dejaron pasar? El día lunes que no dejaron pasar hasta llevaron a sus perros, entrenadores, ¿qué somos nosotros para que nos lleven perros? Eso nunca había pasado, ¿por qué ahora Derechos Humanos nos hizo esa jugada? Como padres de los 43, aquí vamos a seguir, vamos a seguir ¡porque vivos se lo llevaron, vivos los queremos!”, sostuvo.
Normalistas de Ayotzinapa bloquean caseta México-Cuernavaca en Tlalpan y destruyen las casetas. pic.twitter.com/jroTVyh5E5
— DerechoDeReplica (@derechoderepli) June 12, 2026
Rechazo a la narrativa oficial
La dirigencia del movimiento confrontó los posicionamientos de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y rechazó las acusaciones que vinculan sus movilizaciones con facciones de la oposición política.
Mario González, padre del estudiante César Manuel González, deslindó al comité de cualquier filiación partidista y criticó el desapego institucional de las autoridades respecto a la carga de la prueba en las indagatorias penales:
“No hemos recibido dinero de ningún pinche partido. No somos priistas, ni panistas, ni morenistas… El dolor sigue, ya no tenemos estómago para soportarlo, ya las tripas las tenemos desechas. Y más aún con el gobierno que no nos quiere dar la justicia. Más aún que todavía nos criminalizan a nosotros y los criminales están adentro del gobierno. Las pruebas las tienen que buscar el fiscal, no nosotros”, dijo.
Finalmente, el magisterio disidente y los familiares expusieron las fallas metodológicas en el uso de herramientas tecnológicas de inteligencia, las cuales, afirmaron, sustituyeron el desarrollo de investigaciones de campo efectivas.
Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio Tizapa, informó sobre la entrega de una propuesta formal a la FGR para establecer mecanismos conjuntos de revisión documental:
“Solicitamos a la Fiscalía General de la República se exploren otras líneas de investigación (…) solicitamos realizar una comisión de trabajo integrada por cinco madres y padres de los 43 y con cuatro asesores jurídicos para analizar de manera exhaustiva los folios, a fin de extraer datos relevantes que puedan ser diligencias por el Ministerio Público y se integren datos de prueba para una posible jurisdicción de ser el caso”, señaló.
