El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) reveló este miércoles una acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro, quien podría enfrentar una condena de pena de muerte o cadena perpetua. Los cargos, radicados en la corte federal del Distrito del Sur de Florida desde el pasado mes de abril, lo señalan por presunta conspiración para matar estadounidenses, destrucción de aeronaves y asesinato.
La imputación se centra en el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate ocurrido el 24 de febrero de 1996, fecha en la que Raúl Castro se desempeñaba como ministro de las Fuerzas Armadas.
El fiscal general interino, Todd Blanche, manifestó en rueda de prensa su expectativa de que el exmandatario comparezca ante la justicia: “Esperamos que él aparezca aquí por su propia voluntad o por cualquier otra forma y vaya a prisión”.
El alcance legal de los cargos en Florida
La senadora de Florida, Ashley Moody, detalló la gravedad de las penas vinculadas al caso. Por el delito de conspiración para matar estadounidenses, la sentencia máxima es cadena perpetua, mientras que la destrucción de aeronaves conlleva cinco años de prisión.
No obstante, por cada uno de los cuatro asesinatos de los aviadores, Castro enfrentaría “un máximo cargo de muerte o cárcel de por vida”.
Las víctimas del incidente fueron Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña —ciudadanos estadounidenses— y Pablo Morales, residente legal. La fiscalía sostiene que Raúl Castro ordenó el ataque contra los civiles que auxiliaban a balseros en el estrecho de la Florida.
Además del líder revolucionario de 94 años, la acusación incluye a los militares Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Lorenzo Alberto Perez-Perez.
Precedentes y el escenario de captura internacional
El anuncio ocurre bajo una atmósfera de alta presión política de la administración de Donald Trump hacia el gobierno de la isla. Durante el encuentro con los medios, Blanche evitó confirmar si Washington planea una operación de captura similar a la ejecutada en Venezuela contra Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.
El fiscal enfatizó que la imputación de individuos fuera del territorio nacional es una práctica habitual para el Departamento de Justicia.
“No voy a comparar casos, en primer lugar. En segundo, como dije hace unos minutos, imputamos a hombres que no están físicamente en Estados Unidos todo el tiempo. Este no es un nuevo proyecto o aventura para nosotros”, subrayó Blanche.
Mientras el gobierno cubano sostiene históricamente que los aviadores eran “terroristas” y que la interceptación ocurrió en su espacio aéreo, el dictamen de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) determinó que el derribo sucedió en aguas internacionales, lo cual sustenta la jurisdicción del caso en los tribunales de Estados Unidos.
