El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó de mentira la reciente imputación penal presentada en Estados Unidos contra su antecesor, el general de ejército Raúl Castro. El mandatario cubano afirmó categóricamente que este procedimiento legal representa “una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar” la serie de falsos argumentos “para justificar una agresión militar”.
A través de declaraciones oficiales, el jefe de Estado de la isla argumentó que la maniobra judicial de la Casa Blanca únicamente deja en evidencia “la soberbia y la frustración que le provoca a los representantes del imperio, la inquebrantable firma de la revolución cubana, y la unidad y fortaleza moral de su liderazgo”. Defendió la trayectoria del exmandatario al señalar que “la altura ética y el sentido humanista de su obra derriban cualquier infamia que se pretenda levantar contra el general de ejército Raúl Castro”, y tildó el caso como un “ridículo intento de menoscabar su talla de héroe”.
El origen del conflicto: El derribo de las avionetas de 1996
La controversia legal se remonta a los acontecimientos ocurridos hace tres décadas, cuando la fuerza aérea de la isla derribó dos aeronaves civiles, provocando la muerte de cuatro tripulantes. Las víctimas pertenecían a Hermanos al Rescate, un grupo que las autoridades de La Habana catalogan formalmente como una “organización narco-terrorista”. En aquella época, Raúl Castro desempeñaba el cargo de ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).
Frente a los cargos de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves, Díaz-Canel denunció que “Estados Unidos miente y manipula los sucesos alrededor del derribo de las avionetas de la organización narco-terrorista Hermanos al Rescate en 1996”. Según la postura oficial de Cuba, el Estado procedió “en legítima defensa, dentro de sus aguas jurisdiccionales, tras sucesivas y peligrosas violaciones” de su espacio aéreo por parte de “connotados terroristas”, lo cual contradice abiertamente las investigaciones que sitúan el incidente en aguas internacionales.
El Ejecutivo cubano enfatizó que Washington fue notificado “en más de una decena de ocasiones” sobre estas incursiones, pero acusó al gobierno estadounidense de haber hecho “caso omiso de las advertencias” previas. “No se actuó de manera imprudente ni se violó el derecho internacional, como sí vienen haciendo fuerzas militares estadounidenses, con sus fríamente calculadas y abiertamente publicitadas ejecuciones extrajudiciales sobre embarcaciones civiles en el Caribe y el Pacífico”, remató Díaz-Canel.
Reacciones del gabinete cubano y presión de Washington
La respuesta del gabinete cubano no se hizo esperar en las plataformas digitales. El primer ministro, Manuel Marrero, calificó el expediente de “falaz” y subrayó que la medida constituye “una agresión contra Cuba” que “ayer, como hoy, tiene absoluto derecho a defenderse”. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, condenó la resolución y la tachó de “ilegítima e ilegal”, añadiendo que “es un acto que descansa en la mentira y oculta verdades históricas” con el que “se pretende reforzar la narrativa fraudulenta para justificar la agresión reforzada contra el pueblo cubano”.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó los cargos contra Castro, de 94 años, incluyendo en el expediente a los militares cubanos Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Lorenzo Alberto Perez-Perez.
Esta ofensiva judicial coincide con la política de presión de la administración de Donald Trump, la cual mantiene un bloqueo petrolero de cinco meses contra Cuba y ha extendido las sanciones económicas hacia el conglomerado empresarial militar Gaesa, responsable del 40% del PIB isleño.
