Ante el rechazo a la Reforma Electoral apoyada por la presidenta Claudia Sheinbaum, un eventual “Plan B” encontrará obstáculos en temas blindados por la Carta Magna, como la eliminación de las 32 senadurías de representación proporcional y el recorte al gasto público de las fuerzas políticas, señaló Arturo Espinosa Silis, director de Laboratorio Electoral.
En entrevista con Alejandro Cacho, el especialista detalló que los tiempos de radio y televisión tampoco pueden modificarse mediante leyes secundarias. No obstante, advirtió que el bloque mayoritario aún dispone de un margen de maniobra para intentar cambios en la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE) y en el Servicio Profesional Electoral, temas que considera de alta gravedad institucional.
El dilema de la representación proporcional y la Suprema Corte
Uno de los puntos de mayor incertidumbre radica en la integración de las listas de candidaturas plurinominales. Aunque el proyecto original buscaba un esquema basado en los perfiles menos votados, Espinosa Silis señaló que el artículo 54 constitucional posee cierta ambigüedad que Morena podría aprovechar para “estirar la liga”.
“El modelo que está establecido en el artículo 54 constitucional no dice con toda claridad cómo se deben de conformar esas listas […] Ahí es en donde yo advierto que sí podría llegar a haber un margen y en el cual sí podrían estirar la liga para intentar esto”, sostuvo.
En este escenario, la validación de un cambio en la conformación de las listas dependería enteramente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). A diferencia de lo ocurrido en 2023, el especialista observó que la actual conformación del Máximo Tribunal podría mostrarse más viable para validar una Reforma Electoral de carácter legal.
¿Qué temas sobreviven en la agenda legislativa?
A pesar de las restricciones constitucionales, gran parte de la agenda administrativa y operativa de la reforma puede transitar hacia la legislación secundaria. Entre los puntos que el director de Laboratorio Electoral identifica como integrables se encuentran la regulación de la inteligencia artificial, el inicio de los cómputos la misma noche de la jornada y el endurecimiento de la fiscalización para prohibir aportaciones en efectivo.
Ruta crítica y el plazo fatal de mayo
Destacó que el margen de actuación para el Congreso de la Unión es reducido, ya que, para que cualquier modificación a la Reforma Electoral tenga vigencia en los comicios próximos, la legislación debe quedar firme a principios de mayo. La normativa establece que no se pueden realizar cambios sustanciales a las leyes electorales 90 días antes del inicio del proceso, el cual arranca la primera semana de septiembre.
“A principios de mayo tiene que estar definida la legislación electoral porque el proceso electoral inicia la primera semana de septiembre y 90 días antes ya no pueden modificar las leyes electorales”, sseñaló.
Espinosa Silis concluyó que la derrota de la Reforma Electoral evidencia una construcción unilateral de las reformas por parte de Morena, sin diálogo con otras fuerzas. Sin embargo, alertó que el intento por modificar la estructura interna del órgano electoral sigue presente en el horizonte del próximo paquete de reformas legales.
