La trayectoria de Mario Plutarco Marín Torres encarna uno de los episodios más oscuros e icónicos del poder político en México. Gobernador de Puebla entre 2005 y 2011 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pasó de encabezar un férreo control institucional a convertirse en el rostro visible de la complicidad entre autoridades y redes de delincuencia organizada.
Hoy, tras años de litigios, su estatus jurídico continúa en el centro del debate público debido a los reveses judiciales sobre su encarcelamiento en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, y las constantes solicitudes de prisión domiciliaria.
Control de los medios de comunicación
Durante su gestión, como parte del mantenimiento de su imagen pública para contener los cuestionamientos sociales, el ejecutivo estatal recurrió al uso intensivo de los recursos públicos mediante los convenios de publicidad oficial.
- Sometimiento financiero. El gobierno centralizó la asignación del presupuesto publicitario. Los periódicos, radiodifusoras y medios locales independientes que adoptaban una línea crítica eran excluidos definitivamente, sofocar su viabilidad económica.
- Gasto millonario para contener crisis. Reportes y auditorías sobre el erario revelaron que el gobierno estatal destinó más de mil millones de pesos en comunicación social, gran parte de esta inversión se concentró estratégica y masivamente tras el estallido del escándalo de Lydia Cacho en 2006, para contrarrestar la cobertura nacional e imponer la narrativa oficial de que “en Puebla reinaba la paz social”.
- Censura previa y llamadas de Palacio. Directores de diarios poblanos de la época documentaron presiones constantes por parte de la oficina de prensa del gobierno, donde se solicitaba rutinariamente “bajar” notas de portada, modificar titulares negativos o vetar la publicación de columnas de opinión incómodas.
- Uso del aparato judicial para amedrentar. A la par del caso de Lydia Cacho, el gobierno estatal recurrió al uso instrumental de las figuras de difamación y calumnia como herramientas de castigo en contra de varios comunicadores.
- Aislamiento a medios. El aparato marinista limitó el acceso a conferencias de prensa a reporteros foráneos o críticos, priorizando a una red de medios “alineados” que reproducían únicamente los boletines institucionales, cuando la crisis mediática por represión contra una periodista alcanzó dimensión internacional, .
El modelo ejercido durante su gestión es recordado como un claro ejemplo de cooptación y castigo a la libertad de expresión, donde la pauta estatal funcionó como la principal herramienta para garantizar la impunidad y moldear la opinión pública a conveniencia.
“Los demonios del Edén” y la llamada que lo marcó
El punto de quiebre en la gestión de Marín ocurrió a finales de 2005, tras la publicación del libro Los demonios del Edén, en el cual la periodista y activista Lydia Cacho reveló una extensa red de explotación sexual infantil que involucraba a influyentes empresarios. La respuesta del aparato estatal fue expedita: Cacho fue arrestada de manera irregular en Cancún y trasladada por carretera a Puebla durante más de 20 horas, un trayecto marcado por tortura física y psicológica perpetrada por agentes policiales.
Poco después, la filtración de una grabación telefónica entre el entonces gobernador y el empresario textilero Kamel Nacif expuso el complot represivo. La famosa frase en la que Nacif calificaba al mandatario como el “Góber Precioso” convirtió al político en un símbolo inequívoco del abuso de autoridad e impunidad sistémica.
Detención y embate en los tribunales
A pesar del escándalo internacional, Marín concluyó su mandato y permaneció durante más de una década en total impunidad. No fue sino hasta febrero de 2021 cuando elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) lo aprehendieron en Acapulco, Guerrero, acusado por el delito de tortura grave ejercida contra de Lydia Cacho, por lo que fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como “El Altiplano”, en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.
Posteriormente, desde su celda, el exmandatario promovió múltiples recursos legales alegando quebrantos de salud y su avanzada edad, lo que desencadenó un complejo estira y afloja procesal. En agosto de 2024, una jueza federal le concedió el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria con brazalete electrónico.
Sin embargo, la resolución generó una ola de indignación por parte de organizaciones civiles y de la propia víctima, argumentando un elevado riesgo de fuga. Meses más tarde, en abril de 2025, un tribunal colegiado revocó dicho beneficio y ordenó su reingreso al centro penitenciario federal.
Recientemente, en redes sociales surgieron rumores sobre su presunta liberación, lo que generó indignación y dudas sobre la situación, razón por la cual el Gabinete de Seguridad desmintió la situación y exhortó a la población consultar la información mediante los canales oficiales.
