El caso de una presunta violación en contra de una alumna de la Universidad Cornell en Nueva York, Estados Unidos por parte de miembros de la hermandad de hombres más antigua del mundo, Chi Phi, en las instalaciones del campus se reabrió después de que la víctima impusiera una demanda civil a mediados de este mes con información que agravó el caso.
Presunta violación en la Universidad Cornell ¿qué pasó?
De acuerdo con un reportaje de The Independent, que cita la denuncia de la víctima a quien se pidió que se identifique como “Jane Doe” o “NN” ante la Corte Suprema del estado de Nueva York, los hechos se remontan hasta octubre de 2024, en la casa de la fraternidad Chi Phi de la Universidad Cornell.
La víctima tenía 20 años en ese entonces y era alumna de la Universidad. El día de los hechos, de acuerdo con su denuncia, ella visitaba a una amiga en su casa y había consumido alcohol cuando dos estudiantes la presionaron para que inhalara una sustancia que, según le dijeron, era ketamina.
Después fue agredida sexualmente y, de acuerdo con la denuncia, uno de los hombres agresores escribió en un chat grupal de Snapchat de la fraternidad para invitar a otros integrantes a participar pues había “sexo gratis”.
Se afirma que varios estudiantes acudieron después al lugar y que siete de ellos participaron en las agresiones durante varias horas, mientras NN se encontraba incapacitada. El documento sostiene que fue llevada a distintas habitaciones mientras ocurrías las agresiones sexuales y que perdió el conocimiento alrededor de las 5:45 de la mañana.
Como prueba, se adjuntan presuntos mensajes que circulaban por el chat de Snapchat, uno de los miembros acusados habría celebrado lo ocurrido con una frase: “Me encanta Chi Phi”, informó The Independent.

NN acudió al Departamento de Policía de la Universidad Cornell el 8 de noviembre de 2024, unas tres semanas después de los hechos. En enero de 2025, la universidad abrió una investigación bajo el Título IX, que incluyó al menos 12 audiencias.
La Fiscalía del Condado de Tompkins informó posteriormente que, tras revisar la investigación policial, determinó que no había pruebas suficientes para sustentar cargos penales, según The Independent.

Se reabre el caso: acusan a la Universidad de Cornell de represalias ligeras y encubrimiento de agresiones sexuales
De acuerdo con el reportaje, el equipo legal de la víctima, de los siete estudiantes señalados, solo dos fueron expulsados de la Universidad de Cornell. Los demás recibieron sanciones administrativas menos severas como suspensiones temporales, talleres obligatorios y ensayos escritos.
Los abogados aseguran que “NN” nunca recibió una respuesta del Departamento de Policía de Cornell después de presentar su denuncia inicial:
Por las pruebas contenidas en el chat grupal, era evidente que la denuncia justificaba una investigación y la presentación de cargos penales contra los agresores implicados”, declaró a The Independent. “En cambio, NN no recibió ninguna información”.
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Después de que la policía del campus y la Fiscalía del Condado de Tompkins no encontraran pruebas para continuar con el caso, estudiantes criticaron la manera en que la universidad aborda las denuncias de conducta sexual inapropiada, además señalaron registros de que la policía ya había respondido a otros incidentes relacionados con drogas en la casa de la fraternidad poco antes de la presunta agresión.
Abordar la agresión sexual como un asunto académico, con gráficos, datos y cifras, no ofrece ningún alivio a las víctimas que sufrieron abusos físicos y psicológicos. Las ‘soluciones’ académicas, como los ensayos que se ofrecieron a los acusados para reducir sus suspensiones, minimizan la gravedad del delito”, escribió The Sun, de acuerdo con The Independent.
Es entonces que el 14 de septiembre de este año, la exalumna de Cornell demandó a la institución y a los siete presuntos agresores ante la Corte Suprema del estado de Nueva York.
En la denuncia, la víctima identifica a los presuntos agresores y también incluye denuncias a las secciones nacional y local de la fraternidad. Por otro lado, señala a dos bares de la zona y a varias personas vinculadas con la universidad por presunta negligencia al no vigilar, supervisar ni proteger a la estudiante.
El apoyo mediático que alcanzó la noticia, hizo que el propio fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, reconociera públicamente que su oficina nunca realizó una investigación independiente: se había apoyado exclusivamente en las actuaciones de la Policía de Cornell. A partir de aquí se reabrió el caso.
Al respecto, la Universidad de Cornell excuso las demoras de la institución y la falta de transparencia lanzando un comunicado en el que las leyes federales de privacidad le impiden divulgar información sobre los expedientes de estudiantes y por ello no pueden dar detalles de las demás sanciones para los presuntos agresores. La institución señaló también que la sección Xi de la fraternidad Chi Phi fue vetada del campus.
Por su parte, NN, quien dejó la universidad después del incidente, pide una indemnización compensatoria y punitiva tras los hechos. En la denuncia, hay acusaciones de incumplimiento de contrato, negligencia, falta de supervisión, responsabilidad sobre las instalaciones y violaciones de la legislación estatal.

