La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la renuncia inmediata e irrevocable de las trabajadoras adscritas a la ponencia del ministro Irving Espinosa Betanzo, quienes protagonizaron una serie de videos en la red social TikTok para promocionar una marca de botanas.
El material, grabado dentro de las oficinas del máximo tribunal, generó críticas severas por el uso de recursos y espacios oficiales para fines de lucro privado.
A través de una tarjeta informativa, la oficina de prensa de la Corte deslindó a la institución y al ministro Espinosa Betanzo de cualquier participación en la producción del contenido. Según el comunicado, no existió autorización alguna para que las instalaciones de Pino Suárez número 2 fueran utilizadas en actividades ajenas a las funciones jurisdiccionales.
“La difusión de este contenido se realizó a título estrictamente personal y no representa, respalda ni constituye una actividad institucional de este Máximo Tribunal”, enfatizó la dependencia.
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Cronología del contenido viral
Los videos, publicados originalmente desde la cuenta oficial de la marca Snack’in, mostraban escenas de la vida laboral cotidiana bajo un tono cómico.
Tras la denuncia pública realizada por la jueza de distrito Yazmín Murillo, la Corte instruyó el retiro inmediato del material de las plataformas digitales.
El contenido difundido incluía los siguientes elementos:
- “Reality show” laboral: Un clip titulado “Editando mi día en el trabajo como si fuera un reality show”, donde una de las involucradas, identificada como Jaqueline Sánchez Lagunes, ironizaba sobre el estrés en la oficina.
- Promoción de producto: Un segundo video bajo la frase “tu jefa es estricta, pero también tu bestie”, en el cual las exfuncionarias consumían productos de la marca mientras escenificaban jerarquías laborales.
- Uso de inmuebles: Ambas grabaciones utilizaron como escenario las oficinas y mobiliario del Centro Histórico destinados exclusivamente al trabajo constitucional.
Procesos administrativos y sanciones institucionales
A raíz de los hechos, el máximo tribunal del país inició una investigación exhaustiva para determinar si, además del uso de espacios, existió un aprovechamiento indebido de tiempo laboral y recursos institucionales. La Corte recordó que, conforme a la legislación aplicable, cualquier uso de sus instalaciones con fines comerciales o de promoción privada requiere de una autorización expresa que no fue concedida en este caso.
Este incidente representa el segundo evento de mal uso de inmuebles gubernamentales que se viraliza en el año. A continuación, se detallan las acciones tomadas por la institución:
- Investigación de recursos: Revisión del uso de mobiliario, tiempo de oficina y servicios institucionales durante la grabación.
- Procedimiento administrativo: Inicio de un expediente para evaluar posibles sanciones a las exservidoras públicas.
Cese de funciones: Aceptación de las renuncias irrevocables presentadas por las involucradas con efectos inmediatos.


