Los recientes actos de violencia registrados en la calle de Génova, en la Zona Rosa de la Ciudad de México, han provocado una profunda fractura entre el comercio popular y las autoridades locales. De acuerdo con declaraciones de la diputada local Diana Sánchez Barrios, las agresiones verbales y físicas perpetradas en contra de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, fueron la consecuencia directa de un operativo de desalojo que ignoró de manera unilateral los compromisos pactados de forma previa.
En conferencia de prensa, la legisladora capitalina, aliada con Morena, aseveró que los altercados no representan un suceso fortuito. Por el contrario, calificó el incidente como una respuesta social frente a los métodos de una administración que, bajo su perspectiva, recurre sistemáticamente a la confrontación directa en lugar de priorizar la mediación institucional y los canales de entendimiento recíproco.
Ruptura de convenios y acusaciones
Sánchez Barrios puntualizó que la movilización y el descontento de los trabajadores surgieron cuando la alcaldía Cuauhtémoc intentó remover los puestos callejeros, vulnerando de forma flagrante las minutas de acuerdo establecidas con anterioridad en diversas mesas de concertación política. La legisladora lamentó que se opte por la vía de la fuerza pública, debilitando el marco de diálogo que se había venido construyendo para armonizar la vida comunitaria del sector comercial.
Cobijada por líderes y representantes de diversas organizaciones de vendedores, la diputada reafirmó que el gremio mantiene una postura cooperativa respecto al reordenamiento del espacio público, siempre y cuando este se ejecute de manera incluyente y se respeten las garantías fundamentales de subsistencia de las familias que dependen económicamente de esta actividad económica informal en la demarcación.
Rechazo a la violencia y pacto incluyente
Pese a justificar la raíz del enojo social, la coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, manifestó su desaprobación hacia cualquier manifestación violenta en el ejercicio de la demanda pública. Sin embargo, enfatizó de forma contundente que no permitirán que la autoridad central estigmatice o criminalice a los comerciantes del sector popular.
Finalmente, la representante popular hizo un llamado enérgico para detener las políticas de choque que colocan a los trabajadores en una posición de enemistad frente al aparato de gobierno. El bloque comercial demandó la reinstalación inmediata de negociaciones justas que garanticen el sustento de quienes, según argumentaron, han aportado históricamente dinamismo y sustento a la economía interna de la capital mexicana.
