Bajo un estricto sigilo, el Senado de la República reactivó el servicio de estética destinado a las legisladoras en el segundo piso del complejo ubicado en Reforma e Insurgentes, pero tras darse a conocer en redes sociales fue cerrado este miércoles por la polémica desatada.
Tras años de permanecer clausurado bajo los lineamientos de austeridad implementados en 2018, el espacio volvió a operar sin anuncios visibles, hasta que la difusión de su existencia provocó una respuesta oficial y la posterior colocación de sellos de inhabilitación por parte del personal de resguardo.
La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, rechazó que la operatividad del salón de belleza represente un privilegio cargado al erario.
“Es un espacio que está adaptado para apoyo a las senadoras y a los senadores también, si se requiere, y no es nada fuera de lo normal. Existe en la Cámara de Diputados y Diputadas y aquí en la Cámara de Senadores y Senadoras también”, sostuvo la legisladora ante los cuestionamientos sobre el uso del inmueble parlamentario.
Operación y servicios: El “secreto a voces” del segundo piso
El establecimiento en el Senado carece de señalética externa y solo lo identifica una placa blanca sin leyendas en la puerta. En su interior, el lugar cuenta con equipamiento convencional de estilismo: sillas negras, espejos, lavabo para cabello y herramientas de maquillaje profesional.
Las actividades se concentran principalmente los días de sesión, en un horario de 7:00 a 14:00 horas.
Pese a las versiones que señalaron a la senadora Andrea Chávez Treviño como impulsora de la rehabilitación de este salón de belleza, la presidencia del Senado atribuyó la apertura a una solicitud general del sector femenino de la cámara.
Laura Itzel Castillo enfatizó que el costo de los servicios corre por cuenta de los usuarios: “Quiero decirles que cada una de las senadoras paga el servicio que se hace. No se les está pagando el peinado, ni el maquillaje, ni la pintura, ni nada de estas cosas”, puntualizó.
Antecedentes en San Lázaro y debate ético
La presencia de un salón de belleza en recintos oficiales como el Senado no es un fenómeno inédito. En la Cámara de Diputados se han documentado casos similares, como en 2016, cuando el entonces diputado Ariel Juárez Rodríguez solicitó el acceso de su estilista personal a las peluquerías instaladas en San Lázaro.
Históricamente, el gasto de estos espacios ha estado bajo la lupa de la ética parlamentaria. Desde 2007, legisladoras como la panista María Elena Álvarez Bernal señalaron la falta de justificación para que la Cámara erogara recursos en estos fines.
En aquel entonces, se documentó que “el Grupo de Trabajo encargado de revisar los aspectos éticos en el funcionamiento de la Cámara, considera que no hay justificación para que la Cámara erogue ese gasto”, sugiriendo que pasara a ser un servicio subrogado.
La inhabilitación del local en el Senado ocurrió minutos después de que se defendiera la labor de la peinadora y maquillista encargada.
“Es un trabajo digno que realiza Jasmine, la peinadora y maquillista, y todas y todos tenemos que estar bien presentados para venir a las sesiones”, destacó Castillo antes de que el espacio fuera clausurado nuevamente sin explicaciones adicionales por parte del personal de seguridad.
Con información de Reforma y Proceso / RB
