En una votación unánime, el Senado de la República ratificó la iniciativa presidencial para establecer un tope máximo a las llamadas pensiones “doradas”, medida que impactará directamente a 6 mil 297 exservidores públicos.
La reforma establece que ninguna jubilación financiada con recursos públicos podrá exceder el 50 por ciento del salario que percibe la Presidenta de la República, lo cual sitúa el límite en aproximadamente 70 mil pesos mensuales, por lo que se proyecta un ahorro aproximado de 5 mil millones de pesos para el Estado.
Durante la discusión, el bloque mayoritario defendió la medida como un acto de justicia presupuestal, mientras que las bancadas de oposición, aunque votaron a favor, señalaron omisiones selectivas en el alcance de la norma.
Justicia en el uso de los recursos públicos
La bancada de Morena, a través del senador Óscar Cantón Zetina, sostuvo que el objetivo central es ordenar el sistema de retiros para eliminar montos desproporcionados.
El legislador tabasqueño puntualizó que no se busca la desaparición del derecho al retiro, sino la racionalización de los dineros que pertenecen a la nación.
“Se trata de garantizar el derecho de las personas trabajadoras a un retiro digno. Simple y llanamente buscamos evitar que existan pensiones y jubilaciones desproporcionadas, financiadas con recursos, con dineros que pertenecen al pueblo de México”, afirmó Cantón Zetina.
Por su parte, el senador Saúl Monreal calificó la aprobación como la eliminación de un sistema de privilegios heredado de administraciones anteriores.
Bajo esta lógica, la reforma busca que el sistema de seguridad social para trabajadores del Estado guarde una proporción directa con la realidad económica del país.
Cuestionamientos por excepciones a militares y ministros
Pese al consenso en la votación, el debate se encendió cuando la oposición cuestionó por qué las pensiones “doradas” de las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial quedaron fuera de la regulación.
El senador Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, criticó que el argumento de la protección constitucional de derechos se aplique solo a los militares y no al resto de la burocracia paraestatal.
“¿Por qué los derechos de su seguridad social sí están protegidos y no los de los demás? El argumento utilizado para aceptar a las Fuerzas Armadas es exactamente aplicable para todos los demás trabajadores del Estado”, observó Colosio.
En el mismo sentido, el panista Francisco Ramírez Acuña propuso que el tope debería ser obligatorio para universidades públicas, organismos autónomos e instituciones donde los mandos superiores se otorgaron beneficios discrecionales.
Cálculo político y omisiones específicas
La senadora Carolina Viggiano, del PRI, denunció que la iniciativa responde a un diseño electoral y político, al notar que la administración centralizada y los sindicatos tampoco fueron incluidos en el dictamen.
Viggiano hizo énfasis en que la reforma no afecta los ingresos de exministros que actualmente desempeñan cargos en el Poder Legislativo o el Gobierno Federal.
“¿Por qué no están aquí los Ministros de la Corte? ¿Por qué no están aquí la administración centralizada? ¿Por qué no están aquí los sindicatos? ¿Por qué? Porque hay un cálculo electoral y político”, sostuvo la senadora priista.
Tras la aprobación en la Cámara Alta, la reforma entrará en vigor una vez que se cumplan los procesos de promulgación.
