La Fiscalía General de la República informó este jueves 16 de julio, que Óscar Langlet González fue removido de su cargo como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia de la FGR.
Su salida de la Fiscalía, podría deberse a que habría rechazado archivar una indagatoria por instrucciones de sus superiores.
Langlet llevaba solo seis meses en el cargo y anteriormente se desempeñó como coordinador de asesores de la FGR cuando el titular era Alejandro Gertz Manero. También fue consejero general de la Fiscalía General de la República y trabajó junto a la ministra Sara Irene en la misma FGR desde la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto.
Este movimiento en la FGR es el segundo que sucede en 48 horas, por lo que ya son dos bajas en esta semana.
Renuncia de Ulises Lara de la FGR
El pasado 14 de julio, el Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara, presentó su renuncia en la dependencia.
Él lideraba investigaciones de acusaciones por narcotráfico y posesión de armas del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra nueve altos funcionarios del Gobierno mexicano, entre ellos el del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
La renuncia de Lara, ocurrió luego de que Sheinbaum solicitó a la FGR dar a conocer nuevos detalles sobre la detención del líder y cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, y su traslado a Estados Unidos, ocurrido hace dos años en medio de una traición que desencadenó la actual crisis de violencia en el estado.
¿De qué se encarga la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia?
Esta fiscalía se encarga de investigar y perseguir los delitos cometidos por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, así como actos de corrupción.
Su objetivo es sancionar conductas que afecten el servicio público o la correcta impartición de justicia y abarca rubros como:
- Delitos como corrupción y enriquecimiento ilícito que incluyen cohecho, peculado, concusión y enriquecimiento inexplicable.
- Abuso de autoridad y uso ilegal de atribuciones, que abarca conductas en las que el servidor público se extralimita en sus funciones o comete actos arbitrarios.
- Delitos contra la administración de justicia: Actos cometidos por funcionarios judiciales o ministeriales que entorpezcan, dilaten o corrompan el proceso de justicia (por ejemplo, fabricación de pruebas o encubrimiento).
