El pleno del Senado de la República aprobó una serie de modificaciones legislativas orientadas a frenar de manera drástica el contrabando de petrolíferos e hidrocarburos, fenómeno comúnmente conocido como huachicol fiscal. Con una votación dividida con 66 votos a favor frente a 34 en contra, la cámara alta avaló el proyecto para actualizar los mecanismos de supervisión en las aduanas del país, buscando cerrar los vacíos legales que facilitan la elusión de obligaciones tributarias en las operaciones comerciales de comercio exterior.
El proyecto de decreto, que modifica de forma directa seis artículos de la Ley Aduanera, fue enviado a la titular del Poder Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo, para su promulgación oficial que surgió como respuesta institucional ante las persistentes prácticas ilícitas vinculadas con la importación irregular de combustibles y mercancías que ingresan al territorio nacional con declaraciones de valor comercial por debajo del real, afectando las recaudaciones del erario público y distorsionando la economía formal.
Claves de la reforma y umbral restrictivo
Uno de los cambios más relevantes contenidos en el dictamen radica en la modificación de los criterios aplicados para el embargo precautorio de productos importados. Específicamente, se eliminó el anterior umbral del 50% o más en la discrepancia sobre el valor de transacción declarado, lo cual impedía que las autoridades actuaran con agilidad ante irregularidades menores pero sistemáticas en la valoración comercial.
Con esta supresión normativa, las instancias de inspección aduanera cuentan con mayores atribuciones para detectar anomalías técnicas y proceder de inmediato conforme a los métodos de valoración legalmente establecidos. Los legisladores destacaron que esta medida protege de manera directa el interés fiscal del Estado, impidiendo que los importadores utilicen tácticas de subvaluación para reducir artificialmente el pago de aranceles e impuestos correspondientes.
Competencia leal y facultades de comprobación
Durante los posicionamientos en la tribuna parlamentaria, se enfatizó que el contrabando técnico de combustibles no solo daña las finanzas públicas, sino que genera un escenario de competencia profundamente desigual para las empresas y los contribuyentes que cumplen puntualmente con la normatividad fiscal vigente. Las modificaciones otorgan herramientas operativas más robustas a las autoridades para fiscalizar las operaciones de comercio exterior.
Asimismo, el marco legal actualizado establece con mayor precisión los procedimientos jurídicos mediante los cuales las personas importadoras tienen el derecho de interponer garantías para sustituir el embargo precautorio, siempre y cuando logren acreditar con documentación fehaciente que el valor declarado de las mercancías se apega estrictamente a la legalidad y a los lineamientos del mercado internacional.
