La jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega proceso a Fernando “N” por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, en una segunda audiencia privada en el penal del Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Las autoridades judiciales dictaron la medida tras valorar las evidencias presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), las cuales señalan una presunta participación sistemática en el desvío e importación ilegal de combustibles para evadir el pago de impuestos correspondientes.
Cabe recordar que el caso de Fernando Farías Laguna inició a partir de auditorías internas y denuncias que revelaron un esquema recurrente de evasión de impuestos en el ingreso de combustible a México, tras el aseguramiento del buque petrolero Challenge Procyon que arribó a la Terminal de Usos Múltiples F7 del Puerto de Tampico, Tamaulipas, el 19 de marzo de 2025, en donde el exmando naval presuntamente protegió y coordinó operaciones ilegales que clasificaban erróneamente gasolina y diésel para omitir aranceles.

Esquema de evasión en el sistema aduanero
Las investigaciones sostienen que durante su gestión en el sector aduanero, Farías Laguna facilitó el ingreso de grandes volúmenes de combustible al territorio nacional bajo fracciones arancelarias alteradas. Este método, conocido comúnmente como “huachicol fiscal”, consistía en declarar hidrocarburos de alto valor como productos químicos o aditivos exentos de tributación.
La maniobra provocó un boquete multimillonario en las arcas públicas al omitir el cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), así como al Impuesto al Valor Agregado (IVA), por discrepancias sistemáticas en los pedimentos de importación, encabezadas por el sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Medidas cautelares y plazos del proceso
Como parte de la resolución judicial, la juzgadora impuso la prisión preventiva oficiosa al exmarino, argumentando la gravedad de los delitos imputados y la posibilidad de obstaculización en las investigaciones. Asimismo, fijó un periodo para el cierre de la investigación complementaria, lapso en el que tanto la representación social como la defensa recopilarán pruebas adicionales para sustentar sus respectivos argumentos en las siguientes etapas procesales.
El aseguramiento y enjuiciamiento de un perfil de alto rango dentro del ámbito militar y administrativo marca un precedente relevante en los esfuerzos por erradicar las redes ilícitas incrustadas en la infraestructura fiscal. Diversos analistas destacan que este fallo expone la complejidad de las redes de complicidad que operaron en los puertos y fronteras con grupos privados.
El caso busca desarticular por completo los enlaces de corrupción que minaron la recaudación tributaria cometidas durante la gestión de AMLO, al tiempo que envía un mensaje claro sobre la responsabilidad legal de los servidores públicos de cualquier nivel.


