El senador Enrique Inzunza Cázarez, integrante del grupo parlamentario de Morena, confirmó de manera oficial que atenderá de forma personal y puntual el citatorio emitido por la Fiscalía General de la República (FGR). Esta comparecencia ante las autoridades ministeriales del país se da en el marco de los señalamientos formulados en su contra por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que lo vincula con presuntos nexos con la organización criminal conocida como el Cártel de Sinaloa.
A través de un pronunciamiento difundido en su cuenta oficial de la red social X, el legislador sinaloense dio a conocer que recibió la notificación correspondiente este sábado para presentarse ante el Ministerio Público de la Federación. En su mensaje, el funcionario precisó que asumirá su propia representación legal durante las etapas del proceso, bajo el argumento de ampararse en su probidad profesional y su honradez personal.
Renuncia a la inmunidad constitucional y respeto a las instituciones
Dentro de la postura técnica expuesta por el senador de la República, se destacó la decisión expresa de no recurrir a los mecanismos de protección que la ley otorga a los servidores públicos de alta jerarquía. El legislador aclaró que se conducirá como un hombre de leyes e instituciones, a las cuales ha servido con honor, decoro y compromiso, por lo que facilitará el desarrollo de las indagatorias ministeriales correspondientes.
De manera específica, el senador Enrique Inzunza detalló los rubros normativos en los cuales declinará su derecho de excepción para someterse de forma directa al proceso formal:
- Inmunidad procesal: Manifestó de forma abierta que no se valdrá del fuero ni de la inmunidad penal que le confiere su investidura como legislador federal en activo.
- Facilidades del Código Penal: Declinó acogerse a la excepción de comparecencia que contempla el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales para altos funcionarios.
- Confianza institucional: Sostuvo que confía plenamente en las instituciones democráticas que se han construido en territorio mexicano, rigiendo su defensa bajo las premisas de la verdad, la justicia y la soberanía nacional.
Enrique Inzunza y sus acusaciones en Estados Unidos
Este procedimiento ministerial tiene como antecedente directo lo ocurrido el pasado 29 de abril, fecha en la que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó formalmente al exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y al propio Inzunza. La acusación de la corte estadounidense involucra también a otros siete funcionarios públicos bajo los cargos de presunto narcotráfico y posesión ilegal de armas de fuego.
Previo a esta declaración, la Fiscalía General de la República ya había emitido un informe oficial en el que daba a conocer las citaciones correspondientes para los servidores públicos imputados de la entidad sinaloense.
Asimismo, las líneas de investigación de la FGR alcanzaron a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos Galván, y al exfiscal general de dicha entidad federativa, César Jáuregui. Las diligencias sobre los funcionarios del estado de Chihuahua se encuentran orientadas al esclarecimiento de hechos relacionados con la presencia documentada de elementos pertenecientes a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos en esa demarcación.
