La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) resolvió el no ejercicio de la acción penal en la investigación que se seguía en contra de la iglesia La Luz del Mundo, y su líder Naasón Joaquín García por el delito de delincuencia organizada.
Durante su conferencia de prensa, la mandataria federal aseguró que el cierre en el caso ocurrió durante la gestión del anterior fiscal, Alejandro Gertz Manero, aunque admitió desconocer los motivos exactos que llevaron al cierre del expediente.
“El año pasado, todavía con el fiscal Gertz (Manero) parece que retiraron los cargos o algo así”, señaló Sheinbaum Pardo respecto al “carpetazo” dado a la indagatoria.
Sheinbaum sostuvo que la actual fiscal, Ernestina Godoy, busca la reapertura del caso. Adelantó que sostendrá reuniones con víctimas que denunciaron abusos sexuales y otros delitos contra el líder religioso.
“Está pidiendo la fiscal que se reabra el caso; el objetivo de la fiscal Ernestina Godoy, junto con las víctimas, es que se reabra el caso. El cierre fue con el fiscal Gertz; las razones no las conozco”, señaló.
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La batalla legal de las sobrevivientes en Puente Grande
La decisión de la FGR, fechada el 17 de diciembre de 2025 por la Fiscalía Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos (FEITPOC), no quedó firme. Las sobrevivientes Sochil Martín y Sharim Guzmán, quienes interpusieron la denuncia inicial en México en 2019, impugnaron la resolución ministerial ante el Poder Judicial de la Federación.
A través de un comunicado, las víctimas denunciaron que la autoridad optó por cerrar el caso a pesar de las pruebas presentadas, incluidos testimonios de múltiples afectadas por abuso sexual. Alertaron que esta determinación favorecería la impunidad de los líderes de la organización religiosa.
Este recurso legal será revisado en audiencia este jueves 16 de abril de 2026 por el juez de control Juan José Rodríguez Velarde, en el Centro de Justicia Penal Federal ubicado en el Complejo Penitenciario de Puente Grande, Jalisco. El juzgador tiene la responsabilidad de determinar si procede la reapertura de la investigación en contra de Naasón Joaquín García.
Red de complicidades y nexos criminales bajo sospecha
La indagatoria que la FGR intentó cerrar abarca acusaciones sobre la operación de un grupo de “doncellas”, integrado por niñas y adolescentes presuntamente coaccionadas para sostener relaciones sexuales con el líder religioso bajo un esquema de adoctrinamiento.
Estos señalamientos se respaldan en testimonios recabados por autoridades estadounidenses, incluidos agentes del FBI.
Además, la denuncia en México apunta a la presunta existencia de una red que involucra a políticos y líderes religiosos en delitos como lavado de dinero, trata de personas, explotación sexual y pornografía infantil. Las víctimas sostienen que esta estructura continuaría operando en el país.
El comunicado de las sobrevivientes refiere acciones previas contra la organización, como el bloqueo por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de seis cuentas bancarias vinculadas a la iglesia, que en conjunto sumaban aproximadamente 356 millones de pesos.
Finalmente, alertaron sobre posibles colusiones entre miembros de la Luz del Mundo y grupos del crimen organizado, incluyendo al Cártel Jalisco Nueva Generación, lo cual refuerza su exigencia de que el caso sea reabierto y se investigue a fondo.
Actualmente, Naasón Joaquín García cumple una condena de casi 17 años de prisión en Estados Unidos por abuso de menores, tras admitir su culpabilidad en la violación de tres víctimas, y enfrenta otro proceso federal en ese país por trata de personas.
