La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) condenó de manera enérgica el fallecimiento de un connacional mientras se encontraba bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Laredo, Texas. Ante esta situación, el Gobierno de México exigió a las autoridades estadounidenses una investigación exhaustiva, pronta y transparente que permita esclarecer las causas exactas del deceso y determinar las responsabilidades correspondientes.
La dependencia federal detalló que este lamentable suceso elevó a 18 el número de personas mexicanas que han perdido la vida en condiciones similares a lo largo de la administración de Donald Trump. La representación consular mexicana en la zona se mantuvo en contacto directo con los familiares de la víctima para brindarles asistencia jurídica integral y acompañamiento institucional durante los trámites de repatriación del cuerpo, garantizando la protección de sus derechos humanos.
Postura oficial y acciones consulares
Desde el primer momento en que se reportó el incidente, la red consular mexicana activó los protocolos de protección preventiva y solicitó informes oficiales a los centros de detención migratoria. Además, el personal diplomático supervisa de cerca las diligencias periciales y mantiene interlocución con agencias locales y federales para exigir justicia. El gobierno mexicano ha reiterado en múltiples foros internacionales que la seguridad y el respeto a la vida de las personas migrantes deben ser una prioridad absoluta en el sistema penitenciario estadounidense.
Impacto humanitario en la frontera
La reiteración de estos fallecimientos en instalaciones migratorias encendió alertas entre organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes denuncian deficiencias crónicas en la atención médica y en los estándares de custodia, así como implementar mecanismos independientes de supervisión al interior de los centros de detención estadounidenses para garantizar que los protocolos de contención migratoria no vulneren la integridad física de las personas bajo custodia gubernamental y en caso contrario sancionar conforme al derecho internacional.
La cancillería enfatizó que continuará utilizando todos los recursos diplomáticos y legales a su alcance para exigir rendición de cuentas a las agencias migratorias de Estados Unidos, buscando evitar que se repitan tragedias que vulneran la dignidad y la vida de la comunidad mexicana en el extranjero.
