La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inició diversas investigaciones para esclarecer posibles responsabilidades, tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en la Línea Z, que dejó un saldo de 14 personas fallecidas y cerca de 100 lesionadas.
Raquel Buenrostro, titular de la dependencia, informó que las indagatorias buscan determinar si existió alguna omisión atribuible a servidores públicos, empresas o proveedores involucrados en la operación y mantenimiento del Tren Interoceánico.
Auditorías en curso tras el accidente
Luego de presentar el programa Semilleros de la Honestidad, la funcionaria explicó que la ley obliga a la secretaría a realizar auditorías a todas las instituciones del gobierno federal, en especial cuando se registran hechos de alto impacto como el descarrilamiento del ferrocarril.
“Nosotros somos, digamos por ley orgánica, tenemos la obligación de hacer auditorías a todas las instituciones de gobierno… entonces sí tenemos varias investigaciones abiertas”, señaló Buenrostro, al referirse al marco legal que rige la actuación de la dependencia.
Precisó que las revisiones no se centran únicamente en el hecho del descarrilamiento, sino en los procesos previos relacionados con decisiones técnicas, administrativas y de supervisión.
Revisión de posibles omisiones y responsabilidades
Buenrostro detalló que el objetivo principal de las investigaciones consiste en verificar que no haya existido alguna falla en el cumplimiento de funciones por parte de autoridades, empresas contratistas o proveedores. “Más que por el descarrilamiento, lo que estamos viendo es que no haya habido alguna omisión en algún proceso”, indicó.
La secretaria recordó que el Tren Interoceánico ya era objeto de auditorías antes del accidente, conforme a los procedimientos habituales de fiscalización. Sin embargo, adelantó que, tras lo ocurrido, las revisiones se ampliaron con un enfoque más específico.
“Ahora lo que vamos a hacer es algo más detallado, más específico con el objeto que se haga justicia”, afirmó.
RB
