Por los presuntos delitos de lesiones, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones, la defensa legal de tres personas lesionadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Las empresas señaladas son Comsa Infraestructura, Grupo Constructor Diamante y Daniferrotools, así como servidores públicos que resulten responsables.
El descarrilamiento ocurrió el domingo 28 de diciembre, cuando un tren de pasajeros del Istmo de Tehuantepec, en la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos, descarriló en una zona de curvas pronunciadas. La locomotora salió de la vía, arrastró al convoy y provocó la caída de un vagón a un barranco, mientras otro quedó semisuspendido.
En el tren viajaban 250 personas entre pasajeros y tripulación. El saldo reportado es de 14 personas fallecidas y un centenar de heridos, con once aún hospitalizados.
Señalamientos por obras y supervisión
En conferencia, Adrián Arellano, abogado de Juan Manuel Iglesias, explicó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades desde 2019 y hasta las obras ferroviarias realizadas en 2025.
“En ellas se advierte que hubo una mala supervisión, construcción y sobre todo una mala rehabilitación. En este caso también se advierte que en los trabajos para los cuales fueron contratados no existe evidencia fotográfica de la misma”, dijo.
Arellano indicó que la familia que representa —misioneros de Ciudad Juárez, Chihuahua— se dirigía a Oaxaca para llevar ayuda humanitaria cuando ocurrió el descarrilamiento. La denuncia busca fincar responsabilidades por omisiones de autoridades y contratistas.
Atención a víctimas y cobertura de seguros
Desde Ciudad Juárez, Juan Manuel Iglesias señaló que reciben atención médica, aunque refirió problemas de coordinación en el traslado hospitalario el día del accidente.
““Esta demanda es para llegar a aquellos funcionarios que omitieron su trabajos y se dieron a la corrupción, el resultado de ello es que mi esposa, hijo y yo estamos lesionados, más allá de eso 14 personas resultaron muertas a causa de una omisión”, afirmó.
También reconoció el apoyo federal y del personal de salud, y describió carencias en el hospital civil.
En el ámbito administrativo, se informó que la gestión de reclamaciones corresponde a Seguros Ve por Más, del Grupo Kaluz.
La póliza contempla una cobertura anual de hasta 116 millones de pesos, con una indemnización máxima de 400 mil pesos por pasajero para gastos médicos, funerarios, muerte accidental o pérdida de equipaje.
De acuerdo con contratos públicos, en 2026 el servicio inició sin seguro de pasajeros, tras declararse desierta la licitación.
¿Por qué Sheinbaum cuestiona la intervención de abogados?
Durante su conferencia diaria, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la intermediación de despachos legales y aseguró que las víctimas recibirán reparación integral del daño a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, además de lo que cubran los seguros.
El caso avanza en la FGR mientras continúan las investigaciones técnicas y administrativas. En el contexto regional, el seguimiento al accidente se produce en un escenario latinoamericano marcado por tensiones políticas y debates de gobernanza, con referencias constantes en la agenda pública a procesos de otros países, incluido maduro, sin que ello modifique los datos duros del expediente en Oaxaca.
RB
