Tras cumplirse doce meses del señalamiento de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) hacia CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, instituciones que operaban en México con presuntos vínculos con el lavado de dinero, las autoridades regulatorias del país han tomado cartas en el asunto.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México (Banxico) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) apretaron el cerco de fiscalización, volviendo mucho más riguroso el proceso para autorizar la creación de nuevos bancos.
Criterios de hierro
El caso FinCEN redefinió la postura del Estado mexicano frente a los riesgos del crimen organizado y la vulnerabilidad de las transferencias internacionales. En respuesta a las alertas emitidas desde el exterior, los tres reguladores nacionales modificaron sus metodologías de evaluación para dar el visto bueno a los proyectos postulantes.
Ahora, los expedientes presentados por entidades financieras -incluidas las fintechs que buscan dar el salto hacia una figura bancaria tradicional- se enfrentan a análisis exhaustivos de gobernanza corporativa, auditorías operativas y mecanismos estrictos de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
Lentitud para los nuevos competidores
Este endurecimiento normativo ha generado una desaceleración en la entrega de licencias bancarias dentro del mercado local. Aunque el ecosistema busca dinamismo e inclusión, la prioridad de la CNBV y Banxico se ha volcado plenamente hacia el blindaje operativo.
Diversas entidades que mantenían planes de expansión o trámites avanzados para convertirse en bancos han tenido que actualizar, ampliar o corregir sus archivos formales ante la autoridad. La premisa institucional es clara: ningún nuevo jugador podrá integrarse al sistema sin demostrar capacidad probada para detectar, reportar y prevenir movimientos de capital ilegítimos.
Con estas acciones, México busca enviar una señal de firmeza técnica y estabilidad financiera hacia los mercados internacionales, asegurando que sus instituciones operen con transparencia bajo estándares globales de control del riesgo.
