Los colectivos de familiares de personas desaparecidas en México alzaron la voz una vez más para condenar enérgicamente el asesinato de la activista Martha Patricia Negrete Tafoya. El ataque ocurrió en el municipio de Pénjamo, Guanajuato, sumando una tragedia más a la grave crisis de seguridad que enfrentan las mujeres y familias dedicadas a las labores de rastreo humanitario en la entidad.
Negrete Tafoya, quien era integrante activa del colectivo “Una Promesa por Cumplir”, fue agredida con armas de fuego justo al salir de su jornada laboral en el Hospital Regional de Pénjamo, donde trabajaba en el área de intendencia. La Fiscalía General estatal informó la apertura de una carpeta de investigación por el delito de homicidio, detallando que en el sitio del crimen los peritos forenses aseguraron diversos indicios balísticos, incluyendo tres casquillos percutidos y tres cartuchos de arma larga.
Violencia contra los colectivos de búsqueda
Ella se unió a las brigadas de búsqueda en 2021 con el firme objetivo de localizar a su hermana desaparecida. Su asesinato no representa un hecho aislado, sino que evidencia el recrudecimiento de la violencia sistemática en contra de las personas defensoras de derechos humanos. Diversas organizaciones civiles de Guanajuato y a nivel nacional hicieron un enérgico llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que el caso sea abordado con la máxima prioridad, demandando el pronto esclarecimiento del homicidio y plenas garantías de seguridad para sus familias.
De acuerdo con datos proporcionados por colectivos locales y organizaciones de derechos humanos, la situación en la entidad es sumamente alarmante. En lo que va del año 2026, suman cuatro homicidios relacionado directamente con personas buscadoras en el estado de Guanajuato.
Desapariciones y falta de garantías
A la preocupante cifra de homicidios se suma el registro de al menos cinco casos de personas dedicadas a la búsqueda que permanecen en condición de desaparecidas durante el presente año.
Ante este panorama hostil, Amnistía Internacional y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato urgieron de manera inmediata a reforzar los mecanismos de protección para quienes integran estos colectivos, señalando que las familias no eligieron vivir esta tragedia ni convertirse en el blanco de ataques armados mientras ejercen una labor que le corresponde al Estado.
