La Fiscalía General del Estado de Guanajuato determinó de manera preliminar que el asesinato de Martha Patricia Negrete Tafoya, activista e integrante del colectivo “Una Promesa por Cumplir”, no está relacionado con sus actividades de rastreo y localización de personas desaparecidas. El homicidio, ocurrido a finales de junio en el municipio de Pénjamo, encendió las alertas de las organizaciones civiles y de derechos humanos nacionales e internacionales ante los riesgos sistémicos que enfrentan las mujeres buscadoras en la
Jorge Jiménez Lona, secretario del gobierno local, confirmó que las primeras líneas de investigación apuntan a un móvil completamente ajeno a su labor civil. Aunque evitó profundizar en detalles específicos del caso para salvaguardar el debido proceso y no entorpecer los trabajos ministeriales en curso, el funcionario recalcó que la información recabada descarta represalias derivadas de la búsqueda de su hermana, Laura Angélica Negrete Tafoya, desaparecida desde enero de 2021.
Ataque directo contra la activista
Los hechos ocurrieron la noche del pasado martes 23 de junio, cuando Patricia Negrete circulaba a bordo de una motocicleta en las inmediaciones de la colonia Las Américas, tras concluir su jornada de trabajo en el Hospital General de Pénjamo. En el bulevar Santos Degollado, fue interceptada por dos sujetos armados que viajaban en otro vehículo motorizado. Los agresores dispararon directamente en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.
En la escena del crimen, se aseguraron tres casquillos percutidos y tres cartuchos útiles. Las autoridades ministeriales informaron que continúan con el análisis de las pruebas balísticas y la recopilación de testimonios vecinales con el firme objetivo de identificar, localizar y capturar a los autores materiales del homicidio.
Violencia y protección a colectivos civiles
El asesinato de Patricia Negrete no es un hecho aislado dentro de la región. En lo que va del 2026, Guanajuato ha registrado la muerte violenta de cuatro mujeres dedicadas a la búsqueda de familiares desaparecidos. Entre los casos recientes documentados por activistas destacan el homicidio de Cecilia García Ramblas en abril, así como el asesinato de Patricia Acosta Rangel y su hija Katia Jáuregui en el municipio de Salamanca durante el mes de mayo.
Derivado de esta constante crisis de inseguridad, el funcionario detalló que el Consejo Estatal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas brinda medidas de seguridad inmediatas a nueve madres buscadoras, instó a los colectivos locales a mantener una comunicación estrecha con el gobierno del estado para acelerar los mecanismos de protección locales, los cuales operan con mayor inmediatez en comparación con las herramientas e instancias federales de protección.
