La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este jueves que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y otros seis exfuncionarios señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuentan con fichas rojas emitidas por la Interpol.
Dicha medida responde a las órdenes de aprehensión vigentes en territorio estadounidense por presuntos vínculos con el narcotráfico.
En su conferencia matutina, la mandataria explicó las implicaciones de esta alerta internacional, la cual se activa de forma automática tras las peticiones de captura del gobierno norteamericano.
“Si ellos llegarán a salir de México, otros países, a partir de la alerta roja que emitió el gobierno de Estados Unidos, pudieran llegar a detenerlos”, puntualizó la titular del Ejecutivo federal.
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Vigilancia y estatus de los señalados en Sinaloa
Al ser cuestionada sobre el paradero y la custodia de los implicados, la presidenta señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación propia; sin embargo, aclaró que no existe un mandato legal que obligue a una vigilancia extraordinaria por parte del gobierno federal hacia la mayoría de los acusados.
En el caso específico de Rubén Rocha, Sheinbaum informó que el político sinaloense permanece en su domicilio particular.
“Entiendo que hay vigilancia, como hay para cualquier persona que la solicite, y a partir de una evaluación de riesgos, sí entiendo que sí. (¿Está en Sinaloa?) Sí, entiendo que sí, está en su casa”, comentó la mandataria.
Dicha protección está a cargo de la Guardia Nacional, a diferencia del senador Enrique Inzunza, de quien la presidenta supuso que no cuenta con resguardo oficial al no existir registro de una solicitud previa para tal efecto.
Autonomía judicial y procesos en curso
Respecto a la posibilidad de que el Gobierno de México implemente medidas cautelares adicionales, la presidenta Sheinbaum reiteró que el proceso se encuentra en manos de las autoridades autónomas.
La FGR será la encargada de desarrollar las pesquisas correspondientes para determinar la veracidad de los señalamientos de Washington, pero subrayó que “no hay nada legal que nos obligue que nosotros tengamos una vigilancia particular sobre alguna, con las otras personas”.
Esta situación ocurre en un contexto de alta tensión diplomática, tras las acusaciones directas contra la estructura política sinaloense por supuesta participación en actividades de delincuencia organizada y posesión de armas de fuego.
