El descarrilamiento de un tren de carga el pasado 25 de julio, perteneciente a la empresa Ferromex, subsidiaria de Grupo México, volvió a encender las alarmas sobre los riesgos del transporte de sustancias peligrosas en el país.
El desastre, ocurrido en las inmediaciones del ejido Cuauhtémoc, en el municipio de Naco, Sonora, liberó decenas de miles de litros de hidrosulfuro de sodio, desencadenando graves consecuencias ambientales y para la salud humana.
Negligencia de Ferromex… primera víctima
El incidente se registró en el tramo ferroviario Cananea-Agua Prieta cuando varios vagones se salieron de la vía, provocando la rotura de un tanque de almacenamiento. La fractura derivó en la descarga ininterrumpida de casi 60 mil litros de hidrosulfuro de sodio, un reactivo de alta toxicidad frecuentemente empleado en actividades mineras e industriales. Además del corrosivo fluido, el accidente provocó el derramamiento de toneladas de concentrado de cobre sobre el cauce de un arroyo cercano, afectando directamente una superficie estimada en casi dos kilómetros cuadrados.
A pesar de que las autoridades descartaron víctimas mortales inmediatas, familiares de Luis Arturo Osuna Vázquez, un empleado involucrado en la zona del percance alzaron la voz para denunciar severas secuelas médicas. De acuerdo con el testimonio presentado por sus allegados, el trabajador inhaló los gases nocivos emanados por el compuesto y un día después del derrame, comenzaron los síntomas de daño químico que le provocó graves complicaciones pulmonares y un daño cerebral severo por pérdida de tejido, mismo que permanece en un nosocomio de Nogales. A medios locales, señalaron que hay más familiares y conocidos que han presentado molestias tras lo ocurrido.
Posible contaminación de mantos acuíferos e historial de impunidad
La zozobra de los pobladores del área ha ido en aumento ante el temor de que las sustancias tóxicas penetren el subsuelo y contaminen las fuentes de suministro hídrico. Como medida de autoprotección, productores locales optaron por clausurar temporalmente pozos de captación, exigiendo peritajes científicos que garanticen la seguridad del agua para el consumo humano y las actividades ganaderas.
No obstante, mediante comunicado, Ferromex indicó que el descarrilamiento ocurrió en despoblado y que de inmediato activó protocolos de seguridad; que no hubo personas lesionadas ni afectadas ni registro oficial de secuelas de salud relacionadas con el incidente. Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de forma preventiva la zona impactada e inició estudios para determinar el alcance de la filtración en los acuíferos.
El siniestro reactivó el profundo malestar en las comunidades sonorenses, que aún resienten las consecuencias del histórico derrame de sulfato de cobre en el Río Sonora registrado en 2014 a manos de la misma corporación. Las autoridades ambientales y la Fiscalía General de la República (FGR) mantienen abiertas las investigaciones correspondientes para deslindar la responsabilidad legal de la empresa por posibles fallas de mantenimiento y aplicar las sanciones que exige la normativa vigente.
