Un nuevo golpe a la democracia y la libertad de prensa ha vuelto a encender las alarmas en Costa Rica. La reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de retirar el visado a cinco de los siete miembros de la junta directiva de La Nación, el periódico de mayor trayectoria en el país, ha dejado ver una la instrumentalización de las políticas migratorias de Washington para silenciar voces críticas al gobierno de Rodrigo Chaves.
Este movimiento no es un hecho aislado, es el punto culminante de una serie de sanciones que han afectado a casi una quincena de figuras públicas costarricenses. Desde febrero de 2025, la lista de personas que han perdido el permiso de entrada a suelo estadounidense incluye a diputadas de oposición, magistrados de la Corte Suprema, al empresario fundador de CRHoy e incluso al expresidente y Nobel de la Paz, Óscar Arias.
El patrón de los “Enemigos de la Patria”
Aunque el Departamento de Estado de Estados Unidos ha evitado ofrecer explicaciones detalladas sobre cada caso individual, los afectados comparten un denominador común: todos han sido señalados por el presidente Rodrigo Chaves como “enemigos de la Patria” en sus intervenciones públicas. Voceros de la Embajada, como Michael Flores, han justificado de manera general que estas medidas buscan contrarrestar la “influencia corrupta” de China en la región y proteger la seguridad nacional estadounidense.
No obstante, la inclusión de la cúpula de La Nación sugiere un trasfondo distinto. El diario ha mantenido una línea editorial fiscalizadora, publicando investigaciones sobre presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña de Chaves y exponiendo sanciones previas del mandatario por conductas inapropiadas durante su gestión en el Banco Mundial. Ante esto, la junta directiva del medio calificó la medida como un “golpe extraterritorial” que busca castigar su independencia y doblegar su autonomía periodística.
Deterioro de las libertades y reacciones políticas
La situación de la prensa en Costa Rica ha mostrado un declive acelerado. Según el último informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF), el país ha caído estrepitosamente en el ranking mundial de libertad de prensa, pasando del puesto 5 en 2021 a la casilla 38 bajo la actual administración. El uso de retórica hostil, donde el mandatario califica a los medios de “prensa canalla”, ha generado un clima de confrontación que ahora parece trascender fronteras.
Figuras políticas de diversos sectores han manifestado su preocupación ante lo que consideran una represalia política. La expresidenta Laura Chinchilla y el exmandatario José María Figueres señalaron la falta de criterios objetivos en estas revocaciones. Figueres destacó que la única coincidencia entre los sancionados es su criterio independiente frente al Ejecutivo. Por su parte, el politólogo de la Universidad de Costa Rica, Felipe Alpízar, advirtió que estas acciones generan suspicacias y podrían fomentar la autocensura en otros medios locales.
Mientras organizaciones internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exigen claridad sobre los fundamentos de esta medida, el presidente Chaves ha tomado distancia de los hechos. En declaraciones recientes, el mandatario ironizó sobre su supuesta influencia en las decisiones de la potencia norteamericana, aunque su cercanía política con la administración de Donald Trump es un factor que los analistas no pasan por alto. Pese a la presión, la directiva de La Nación ha reafirmado que su compromiso con la libertad de prensa y su línea editorial permanecerán inalterables.
