El exsecretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, compareció la tarde de este viernes ante la corte federal de Manhattan, en Nueva York. En su primera audiencia frente a un juez estadounidense, el exmando policial mexicano respondió a los cargos por narcotráfico presentados en su contra por la fiscalía federal, derivados de sus presuntos vínculos operativos con la facción de “Los Chapitos”, perteneciente al Cártel de Sinaloa.
De acuerdo a Reforma y Milenio, quienes refieren a fuentes de la oficina administrativa de la corte de Manhattan confirmaron que el exfuncionario estatal ya se encuentra bajo proceso formal. Durante el acto judicial, Gerardo Mérida Sánchez escuchó las imputaciones y, a través de su representación legal, se declaró “no culpable” de los delitos que se le atribuyen.
Dicho pronunciamiento marca el inicio de la batalla jurídica del exmando sinaloense en suelo norteamericano.
¿Cómo llegó Gerardo Mérida a Estados Unidos?
Gerardo Mérida, se encuentra bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos tras cruzar la frontera por la garita de Nogales el pasado 11 de mayo.
El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México confirmó que el exfuncionario, quien formó parte de la administración de Rubén Rocha Moya, quedó a disposición del Servicio de Marshals en Arizona.
Gerardo Mérida Sánchez, el primer arrestado por Estados Unidos en el caso de Sinaloa y Rocha Moya
Dicho arresto representa la primera captura de alto nivel dentro del expediente del Departamento de Justicia de EE. UU. que señala a diez funcionarios sinaloenses de colaborar con la facción de “Los Chapitos”.
Tras su detención, Gerardo Mérida compareció en una audiencia inicial de apenas dos minutos ante el juez Eric J. Markovich en Tucson. Durante el acto jurídico, el general en retiro aceptó ser trasladado a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, instancia encargada de procesar casos de alto impacto internacional. Según registros del sistema penitenciario estadounidense, Mérida ya ingresó al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, recinto donde también permanecen recluidos personajes como Ismael “El Mayo” Zambada y Rafael Caro Quintero.
Protección a Los Chapitos y la gestión en Sinaloa
La acusación de Washington sostiene que Gerardo Mérida participó en un esquema de conspiración y protección para las operaciones delictivas del Cártel de Sinaloa. El militar en retiro asumió la seguridad del estado en septiembre de 2023 y permaneció en el cargo hasta diciembre de 2024, cuando presentó su renuncia sin que mediara un reporte oficial por parte del gobierno estatal. Su gestión coincidió con el periodo en el que la justicia estadounidense detectó la presunta “narconómina” que brindaba impunidad a los hijos de Joaquín Guzmán Loera.
A principios de este mes, el exsecretario obtuvo un amparo en México con el fin de evitar una orden de aprehensión o una posible extradición; sin embargo, su ingreso voluntario a territorio estadounidense por la frontera de Sonora facilitó su captura por parte de las agencias federales. Ante estos hechos, la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, aseguró no poseer información oficial sobre el estatus de su excolaborador.
Implicaciones políticas y la lista de los diez señalados
La detención de Gerardo Mérida ocurre en un escenario de alta tensión política para el gobierno de Sinaloa. La lista de señalados por Estados Unidos incluye al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, quien se apartó del cargo para facilitar las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR). El caso también alcanza al senador Enrique Inzunza, al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez —quien también solicitó licencia—, y a diversos mandos operativos de la fiscalía y la policía estatal.
Respecto al proceso judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantuvo una postura institucional de cautela. La mandataria exigió que el Gobierno de Estados Unidos presente pruebas “claras y contundentes” para justificar cualquier solicitud de extradición.
Asimismo, Sheinbaum criticó al Departamento de Justicia por la filtración de detalles del proceso, bajo la sugerencia de que el manejo de la información podría obedecer a motivaciones políticas externas para presionar a la administración mexicana en materia de seguridad.
