La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF), emitió el fallo emitido a un consorcio empresarial encabezado por el magnate mexicano Carlos Slim Helú, para desarrollar una vital arteria ferroviaria en el norte de la República. El contrato abarca los segmentos 13 y 14 del trayecto que conecta Saltillo con Nuevo Laredo, centrándose de forma específica en el tramo Saltillo-Santa Catarina.
Dicha obra de infraestructura requiere una asignación presupuestal superior a los 31 mil millones de pesos, cuyo plan técnico contempla el tendido y modernización de 111 kilómetros de vía, acompañados por la construcción de 40 puentes y 9 viaductos de gran escala. Estas estructuras permitirán superar los retos de la topografía local para garantizar un paso constante tanto para trenes de pasajeros como para el traslado de carga.
Competencia empresarial y adjudicación del contrato
La licitación pública reunió a consorcios con amplia trayectoria en el desarrollo de infraestructura masiva, entre ellos destacaron la constructora ICA, Gami Ingeniería e Instalaciones, Comsa -empresa involucrada en intervenciones operativas como la Línea 12 del Metro- y las corporaciones de origen español OHL y AZVI.
A pesar de la trayectoria de los competidores, las compañías de la alianza de Slim, representadas por Operadora CICSA (división de Grupo Carso) y FCC Construcción, obtuvieron la valoración más alta en las evaluaciones técnicas y financieras. De acuerdo con los criterios del dictamen oficial, la propuesta seleccionada garantizó las mejores condiciones técnicas de viabilidad. La obra cuenta con un periodo de ejecución estimado en 960 días naturales, habiendo registrado maniobras preliminares desde el 30 de septiembre de 2025.
Impacto logístico y fiscalización del proyecto
La iniciativa se alinea con la política federal enfocada en la restitución del servicio de trenes para pasajeros. La relevancia de este tramo radica en su capacidad para agilizar el tránsito entre los núcleos industriales de Coahuila y Nuevo León con la principal vía comercial hacia la frontera estadounidense, impulsando la dinámica asociada al fenómeno del nearshoring.
El proyecto representa agilizar el traslado de carga y pasaje en una de los lugares más industrializados, dinámicos y competitivos, una de las zonas aduanales más importantes del país; la de Nuevo Laredo (México) y Laredo (Texas, Estados Unidos). De acuerdo con el informe especializado Trade Insights, publicado por COMCE Noreste, se consolidó como la aduana número uno de México al registrar 1.7 millones de operaciones y una recaudación de 65 mil 680 millones de pesos durante el primer cuatrimestre de 2026.
Dado el volumen de inversión pública canalizado al megaproyecto, el proceso mantiene esquemas de verificación financiera. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) intervendrá activamente para monitorear el estricto cumplimiento de las responsabilidades fiscales asignadas al grupo ejecutor durante la vigencia del contrato contractual.
