Un despliegue conjunto entre la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y el Ejército Mexicano sacudió al municipio de Pénjamo. El operativo, ejecutado directamente en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública, culminó con la captura de ocho agentes locales. A los uniformados se les vincula con diversos “eventos delictivos”.
A través de una postura oficial, la Fiscalía estatal subrayó que la intervención responde a una serie de indagatorias vigentes destinadas a esclarecer actividades ilícitas. El organismo judicial enfatizó que el procedimiento se llevó a cabo bajo un marco de estricta legalidad, reafirmando su política de cero tolerancia ante conductas criminales, independientemente de si los involucrados ostentan un cargo público. Aunque la institución no precisó la naturaleza exacta de los delitos imputados, aseguró que los detenidos serán presentados ante un juez para definir su estatus legal en el corto plazo.
Respuesta del Gobierno de Pénjamo y operatividad policial
Por su parte, la administración municipal que encabeza la alcaldesa Yozajamby Molina Balver emitió un comunicado para clarificar la situación interna de la corporación. El gobierno local sostuvo que otorgaron todas las facilidades necesarias para que las fuerzas federales y estatales realizaran la inspección en el cuartel.
La autoridad municipal fue enfática al señalar que la detención de los ocho elementos no ha comprometido la vigilancia en los distintos sectores de Pénjamo, asegurando que el servicio a la ciudadanía se mantiene sin interrupciones.
Controles de confianza y mandos bajo escrutinio
Este incidente pone en tela de juicio los mecanismos de supervisión interna. Curiosamente, cifras oficiales de inicios de 2026 indicaban que el 90% de la fuerza policial de Pénjamo había acreditado satisfactoriamente sus exámenes de control y confianza.
Bajo la dirección de Luis Humberto Posadas Estrada, quien asumió el mando en julio de 2025 tras su paso por la Policía Federal y la Fiscalía estatal, la corporación enfrenta hoy su mayor crisis de credibilidad. La Fiscalía se ha comprometido a mantener la transparencia informativa conforme avancen las pesquisas, mientras la sociedad espera respuestas claras sobre la integridad de quienes deben protegerla.
