En una sesión que marca un hito en la lucha por la justicia de género en el país, el Senado de la República emitió este martes la declaratoria de aprobación para la reforma constitucional en materia de feminicidio. Tras recibir el aval de la Cámara de Diputados y la ratificación de 27 congresos locales, el proyecto ha sido enviado al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su inmediata publicación.
Esta reforma al artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Mexicana faculta al Congreso de la Unión para expedir, por primera vez, una Ley General que homologue los criterios de investigación, sanción y reparación del delito en todo el territorio nacional. Con este paso, se busca eliminar las discrepancias jurídicas entre los 32 estados, las cuales han permitido que la impunidad prevalezca en miles de casos.
Un frente común contra la impunidad
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, subrayó que el propósito de esta ley es fortalecer la prevención y asegurar que ningún feminicidio quede impune por fallas en la tipificación local. La urgencia de esta medida se sustenta en cifras alarmantes: entre 2018 y 2025, se registraron más de 26,600 asesinatos de mujeres en México, pero solo 6,781 fueron investigados bajo la figura de feminicidio.
Hasta hoy, cada entidad federativa mantenía criterios distintos, lo que provocaba que menos del 25% de los crímenes contra mujeres fueran procesados correctamente. La iniciativa, impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, busca revertir esta tendencia al fijar bases mínimas obligatorias para todas las fiscalías del país.
Penas severas y agravantes en el nuevo marco legal
La nueva legislación no solo busca homologar el concepto de feminicidio, sino también endurecer significativamente las sanciones contra los agresores. El nuevo marco legal propone castigos ejemplares con sentencias que oscilarán entre los 40 y 70 años de prisión, además de multas económicas proporcionales al daño causado.
Uno de los puntos medulares de la reforma es la identificación de 21 agravantes que elevarán las condenas al grado máximo. Entre ellos destacan:
- Que la víctima sea menor de edad o adulta mayor.
- Que se trate de una periodista o defensora de derechos humanos.
- Que la víctima se encuentre en estado de gestación.
- Que el victimario sea un servidor público.
- Que el cuerpo presente signos de violencia sexual o mutilaciones.
Reconfiguración de las fiscalías: Una respuesta a la deuda histórica
La Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, enfatizó que esta reforma es la respuesta a una deuda histórica con las familias de las víctimas que han peregrinado durante años en busca de justicia. Para Godoy, la Ley General exige una reconfiguración profunda de las fiscalías.
Bajo este nuevo esquema, los ministerios públicos estarán obligados a reconocer contextos de asimetría de poder y antecedentes de violencia previa como pruebas contundentes de que el crimen fue cometido por razones de género. Esto evitará que los feminicidios sigan siendo clasificados erróneamente como homicidios simples por falta de perspectiva de género en las investigaciones iniciales.
Hacia una justicia pronta y expedita
Con el aval de congresos locales de estados como Sinaloa, Morelos, Puebla, Veracruz y la Ciudad de México, entre otros, la reforma cuenta con el respaldo político necesario para una implementación inmediata. El siguiente paso será la redacción técnica de la Ley General, la cual establecerá los protocolos de actuación que deberán seguir todos los peritos y policías del país al enfrentarse a una escena del crimen donde la víctima sea una mujer.
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