Sinaloa continúa bajo el escrutinio internacional tras las recientes investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ante las crecientes especulaciones, el senador de Morena y exfuncionario sinaloense, Enrique Inzunza, rompió el silencio este domingo para desmentir categóricamente las versiones que lo vinculan con presuntos acercamientos hacia agencias de seguridad e investigación del país vecino, en un contexto marcado por severos señalamientos de protección al crimen organizado.
El legislador utilizó sus plataformas digitales oficiales para fijar una postura pública clara tras semanas de hermetismo. Inzunza, quien se desempeñó como secretario General de Gobierno de Sinaloa entre 2021 y 2024, rechazó “firmemente” las imputaciones en su contra, que calificó como “mendaces” y sin sustento, y aseguró que ello “quedará demostrado en su momento”.
El legislador de Morena rechaza asesoría legal extranjera
El trasfondo de esta controversia radica en diversos reportes periodísticos que sugerían que el legislador se había integrado a mesas de diálogo con fiscales estadounidenses. Estas versiones surgieron inmediatamente después de confirmarse que dos excolaboradores de la administración sinaloense se entregaron voluntariamente en la frontera. Al respecto, el senador negó tener “contacto alguno con autoridades extranjeras” y afirmó que no tiene ni contratará abogados porque “no hay razón para ello”.
Como especialista en el área del derecho, el morenista enfatizó su total disposición para responder ante las instituciones judiciales nacionales si el desarrollo del caso lo requiere. “Atenderé, si se me formula, personal y puntualmente cualquier requerimiento que me hagan las autoridades de mi país, conforme a sus atribuciones constitucionales”, aseveró el abogado de profesión.
Funcionarios de Sinaloa bajo investigación del Departamento de Justicia
La presión sobre el entorno político regional se intensificó tras revelarse que los exsecretarios de Seguridad y de Administración y Finanzas de Sinaloa, Gerardo Mérida y Enrique Díaz, se entregaron a la justicia estadounidense. Informes recientes apuntan a que ambos exfuncionarios buscan un acuerdo como testigos cooperantes. Ellos forman parte de una lista de diez servidores públicos señalados, entre los que figura el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
La acusación formal del gobierno estadounidense sostiene que este grupo facilitaba las actividades de la facción de Los Chapitos del Cartel de Sinaloa a cambio de cuantiosos sobornos en efectivo. Pese a la gravedad de los acontecimientos, la administración federal mexicana mantiene cautela en sus canales oficiales, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró firmemente que ninguna soberanía extranjera intervendrá en las decisiones del país.
