En un giro diplomático motivado por la emergencia humanitaria, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la suspensión temporal de ciertas restricciones financieras contra Venezuela. La medida busca viabilizar las operaciones de rescate y asistencia tras el devastador doble terremoto que azotó al país caribeño. La decisión permitirá agilizar la llegada de recursos críticos en un momento de extrema vulnerabilidad.
A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el gobierno estadounidense emitió una licencia general que autoriza las transferencias bancarias internacionales destinadas al auxilio de las víctimas, un mecanismo que hasta ahora permanecía bloqueado por el Reglamento de Sanciones contra Venezuela (RSV). Según el comunicado oficial del organismo, todas las transacciones vinculadas al socorro mutuo estarán permitidas de forma excepcional hasta el 23 de octubre de 2026.
Alcance de la medida financiera
La resolución estipula que las instituciones bancarias bajo jurisdicción estadounidense quedan facultadas para procesar pagos provenientes de terceros países, con la condición estricta de que los fondos se canalicen hacia las labores de emergencia. Esta directriz complementa los permisos previos que facilitan la cooperación entre organizaciones no gubernamentales y las autoridades locales para ejecutar proyectos humanitarios esenciales.
No obstante, Washington aclaró que el alivio es selectivo. La medida no contempla el desbloqueo de bienes previamente congelados bajo el RSV ni revoca las prohibiciones establecidas en otras órdenes ejecutivas vigentes. El Banco Central de Venezuela, excluido del sistema SWIFT en dólares desde 2019, mantiene sus restricciones estructurales para operaciones comerciales ordinarias. En paralelo a la flexibilización, la administración estadounidense dispuso el envío de equipos de búsqueda especializados y una partida de 150 millones de dólares en asistencia directa.
Geopolítica en transición
Este anuncio por parte del gobierno de Donald Trump se produce casi tres meses después de una histórica operación militar en el Caribe que derivó en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Caracas, un hecho que reconfiguró el mapa político venezolano con la posterior juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada.
Las tensiones bilaterales, que alcanzaron su punto más restrictivo durante el primer mandato de Trump (2017-2021) con el embargo petrolero y se agudizaron en 2025 mediante aranceles globales a la energía venezolana, entran ahora en una fase de estabilización. La emisión de esta licencia especial parece refrendar un proceso de deshielo parcial y una naciente sintonía política entre la Casa Blanca y la gestión interina de Rodríguez ante la catástrofe.
