A través del Departamento del Tesoro, el Gobierno de Estados Unidos realizó medidas restrictivas económicas contra el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, su esposa Lis Cuesta, y cuadros clave de la familia Castro, una medida dentro de la estrategia de asfixia económica que la Casa Blanca sostiene hacia la isla caribeña.
La decisión complementa la sanción emitida en julio del año pasado contra el jefe de Estado, derivada de la respuesta gubernamental a las protestas civiles del año 2021.
En esta ocasión, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) extendió los bloqueos de activos a Alejandro Castro Espín —hijo del expresidente Raúl Castro—, al nieto de este, Raúl Alejandro Castro, y a Manuel Anido Cuesta, hijastro del presidente isleño.
Castro Espín, de 60 años de edad, fungió como el negociador central en los diálogos reservados que propiciaron la reactivación de los lazos diplomáticos entre La Habana y Washington en el año 2015.
Acusación penal a Raúl Castro
La administración de Donald Trump combina tres frentes de presión internacional: el veto financiero a personas morales y físicas del aparato estatal, la vía judicial y el bloqueo de los suministros energéticos.
En el terreno legal, el Departamento de Justicia estadounidense mantiene una inculpación penal histórica contra Raúl Castro, de 95 años de edad, por el derribo de dos avionetas civiles ocurrido en el año 1996. De manera simultánea, un embargo petrolero de facto opera en las costas de la isla desde el primer trimestre del año.
El argumento central de la Casa Blanca sostiene que las principales actividades comerciales de Cuba se encuentran supeditadas al conglomerado militar Gaesa. Dicha corporación administra los sectores estratégicos del país, con especial énfasis en el ramo turístico, la mayor fuente de divisas de la economía cubana.
Bajo este diagnóstico técnico, las sanciones prohíben de forma total cualquier transacción de las entidades y ciudadanos señalados con contrapartes o firmas sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos.
Salida de firmas de la isla
La resolución del Departamento del Tesoro generó impactos inmediatos en la infraestructura de servicios del país caribeño. Esta misma semana, las redes de pago internacionales Visa y Mastercard suspendieron de manera indefinida sus operaciones de cobro en territorio cubano.
Asimismo, la presión regulatoria originó que corporaciones trasnacionales del sector hotelero, entre ellas la cadena española Meliá, anunciaran el cese definitivo de sus operaciones comerciales en la isla.
La lista de sancionados por la OFAC incorporó de igual forma a instituciones del organigrama estatal como el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los Comités de Defensa de la Revolución y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, junto con las corporaciones Amistur y Minera La Victoria.
A pesar de que delegaciones de ambos países sostienen pláticas de seguridad a 150 kilómetros de la costa de Florida para encauzar la crisis humanitaria y económica —la más aguda desde el año 1959—, las autoridades de La Habana condicionaron cualquier acuerdo al respeto de su soberanía nacional.
