La Fiscalía General de la República (FGR) de México asestó un golpe contundente contra la delincuencia financiera al desarticular una sofisticada organización criminal denominada ‘El Caballito’.
Esta red delictiva, dedicada al lavado de dinero y a la falsificación de facturas a gran escala, provocó un desfalco al fisco estimado en más de 12 mil millones de pesos, una cifra que pone en evidencia la magnitud de sus operaciones ilícitas en el país.
Durante una conferencia de prensa efectuada este lunes, Ulises Lara, fiscal especial en investigación de asuntos relevantes y vocero de la FGR, detalló el modus operandi de la agrupación.
El modus operandi de la red de ‘el Caballito’
Según las declaraciones oficiales, los integrantes de esta red diseñaban y comercializaban mecanismos avanzados de evasión fiscal a través de sus propios despachos profesionales. El esquema consistía en ofrecer a empresas reales la emisión de facturas por operaciones inexistentes o falsas para reducir artificialmente sus cargas impositivas.
Para lograr este cometido, la organización delictiva constituyó al menos 15 empresas y asociaciones civiles que operaban exclusivamente como fachadas. A través de estos entes, se generaban los comprobantes fiscales apócrifos en los que ingresaba un constante flujo de dinero.
Posteriormente, los recursos se distribuían bajo conceptos ajenos a la realidad y libres del pago de los impuestos correspondientes, afectando de manera directa y sistemática a la Hacienda Pública de la nación.
Operación nacional y vínculos con el lavado de dinero
Las investigaciones conducidas por las autoridades federales permitieron identificar que los domicilios fiscales de las empresas fachada utilizadas por ‘El Caballito’ se localizaban de forma estratégica en múltiples entidades de la República Mexicana, incluyendo los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo. Esta amplia distribución geográfica facilitaba la dispersión de las transacciones financieras y complicaba el rastreo de los fondos ilícitos.
El vocero de la institución ministerial precisó que las empresas facturadoras de la red criminal canalizaban los recursos obtenidos hacia los trabajadores de las compañías beneficiadas por el esquema.
Este procedimiento permitía cerrar un circuito financiero cerrado diseñado específicamente para ocultar el origen real del dinero en efectivo, disminuir de manera drástica el pago de contribuciones y sostener la estructura delictiva a largo plazo.
De acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Hacienda, el monto total de la evasión y las facturas falsas generadas supera los 12 mil millones de pesos.
Para dimensionar el impacto de este delito financiero en las finanzas del Estado, la FGR subrayó que la cantidad defraudada equivale a casi la mitad de todo el presupuesto anual autorizado para el ejercicio fiscal de 2026 en el estado de Tlaxcala.
Detenciones, cateos y situación jurídica de los implicados
El operativo federal civil que llevó al desmantelamiento formal de la red inició el pasado viernes con la captura de dos de los principales líderes de la estructura criminal, identificados formalmente como Maikol ‘N’ y Salvador ‘N’.
Durante el seguimiento de las diligencias ministeriales, las autoridades ejecutaron órdenes de aprehensión adicionales contra otras seis personas, cuatro mujeres y dos hombres, señaladas como presuntos integrantes operativos de la organización.
Tras ser detenidos, los imputados quedaron inmediatamente a disposición de la autoridad judicial correspondiente.
Durante el pasado fin de semana se celebró la audiencia inicial, espacio donde los agentes del Ministerio Público de la Federación imputaron formalmente a las ocho personas por su probable participación en el delito de expedición de comprobantes fiscales falsos.
Ante los argumentos presentados, el juzgador determinó aplicar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
Por su parte, el equipo legal de los acusados solicitó de manera formal la duplicidad del término constitucional para recabar pruebas en su favor, razón por la cual el poder judicial fijó una nueva fecha para la realización de la audiencia de continuación legal.
Como saldo final de las revisiones de inmuebles e infraestructura, la FGR aseguró un total de 21 domicilios particulares, 14 vehículos motorizados (incluidas dos motocicletas) y una suma en efectivo de 1.21 millones de pesos.
